El inminente cambio de gobierno adelantó para los salteños la apertura de ese período de esperanzas y expectativas que es la llegada de un nuevo año. El ánimo se fortalece porque el esfuerzo personal que se compromete ante otra etapa que se inicia, suma los compromisos de la gestión que se inaugurará el 10 de diciembre.
La ley de ministerios es la expresión del modelo de gestión que un gobernador ha pergeñado para llevar adelante sus políticas; en consecuencia, la Legislatura no debiera nada más que proceder a su sanción sin cuestionamientos ni propuestas de modificación al proyecto diseñado por el equipo gobernante electo. Es lo que se escuchó el último martes en la sesión de la Cámara de Diputados que dio media sanción a la iniciativa que este jueves tendrá su aprobación en el Senado y será estrenada el martes, cuando asuma el nuevo gobierno.
Fue exhaustivo el análisis que la Cámara de Diputados realizó del proyecto de ley de Ministerios. En realidad, se trata de una norma que regula la actividad del Ejecutivo Provincial. La ley aún vigente, que lleva el número 8053, incluye –al igual que la iniciativa que la Legislatura trata por estas horas- todos los aspectos vinculados al funcionamiento de la figura del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado.
El encuentro entre la vicepresidenta saliente y su sucesora será desde las 17, informaron fuentes de la Presidencia de la Cámara de Senadores.
A una semana del traspaso de gobierno, Juan Manuel Urtubey está haciendo una especie de rendición de cuentas que se refleja, no solo en una campaña publicitaria, sino en los mensajes que transmite en cada acto público que está realizando casi diariamente. Allí explica lo actuado en 12 años de gestión y da las razones que orientaron sus acciones.
Comenzó una semana que tendrá mañana un punto alto de atención porque se espera que el Gobernador electo presente su gabinete. Se trata de una cuestión que gira en torno de personas pero que se constituye en un indicio de lo que serán sus políticas, las que se presentarán al momento de su asunción.
La imagen de la foto que ha sido cambiada es advertida por los gobernantes electos y su equipo técnico de transición. Entre la Provincia ordenada y en marcha que presentó el gobernador Juan Manuel Urtubey a su sucesor Gustavo Sáenz y la que las cifras y situaciones reales van mostrando, hay crecientes diferencias. Además, y en contradicción con las prácticas de buen gobierno a las que por ley adhirió el Ejecutivo en este último mandato, se van tomando decisiones que comprometen a la administración futura.
Aunque la de ayer fue su última sesión, ningún concejal de la Capital quiso pagar el costo político de aprobar un presupuesto cuyos ingresos principales provienen de una estructura tributaria que se incrementará en un 50%. Luego de haber dado dictamen positivo sobre sendos proyectos vinculados al cuadro de gastos y recursos, diseñado sin déficit y a la ordenanza tributaria 2020, la decisión pasó al cuerpo que se integrará el 3 de diciembre próximo.
La cuestión salarial, a partir de diciembre, es responsabilidad del nuevo gobierno. La verdad de Perogrullo fue expresada por el gobernador en retirada frente a una andanada de cuestionamientos de economistas a que los sueldos se ajusten con la inflación.
La Legislatura Provincial está en el centro de la atención política. Luego de la incorporación al cuerpo de los nuevos miembros, importa saber cómo impactarán en el funcionamiento de Diputados y Senadores los cambios internos. A la nueva conducción de las cámaras deben sumarse los nuevos bloques y el reparto de comisiones, tareas que están en pleno desarrollo.
Comenzó el recambio institucional. Nuevas caras, nuevas ideas y un ímpetu renovado serán seguramente las características del Poder Legislativo de la Provincia, que se ha modificado el 10 de noviembre.
El gobierno de Juan Manuel Urtubey cierra sus doce años de gestión con varias situaciones de emergencia; algunas fueron declaradas en su mandato, como la social por violencia de género y otras se arrastran desde hace más de décadas, como la económica. Pero también deja situaciones administrativas sin resolver, como la reglamentación de una ley, lo que obliga a mantener la prórroga de la suspensión de desalojos.
