Ensayaré, en estos breves cinco minutos, una explicación acerca de qué nos pasa y una propuesta para orientar nuestro futuro.

Aguaray, un municipio del norte provincial, comienza a transitar un proceso de normalización. Durante varios meses estuvo en el centro de atención de gobernantes pero también de los pobladores porque se erigió en el escenario de lo que una legisladora oficialista calificó como “el robo del siglo”. Si bien la Justicia tiene la última palabra, todo parece indicar que la ambición de un líder local contribuyó a construir una nueva frustración social.

A más de un mes que la Nación alcanzara el acuerdo con sus acreedores externos, que se trasladó luego a los tenedores de bonos bajo legislación argentina, las Provincias trabajan en el mismo sentido aunque no con igual suerte. La única que lo logró en la última semana de septiembre último fue Mendoza y se reconoce que el resultado de sus negociaciones no fue tan promisorio, si bien alivió la tensión sobre sus cuentas. Salta no ha formulado aún su oferta.

Ingresó al Concejo Deliberante de la Capital un proyecto de resolución que pide la revisión del cálculo de la coparticipación municipal de los años 2018 y 2019. No suele ser una iniciativa de trámite frecuente y, si bien se trata de una cuestión de gran importancia, ni siquiera en la Legislatura Provincial suele ser tema de debate aún con la Cuenta General del Ejercicio en la mano.

En temas relevantes, la Cámara de Diputados alcanzó unanimidad en su sesión de este martes. Extensos debates llevaron acuerdos desde diversos caminos, como por ejemplo respecto de la prohibición de comercialización del plasma de convalecientes de Covid 19.

Frente a un problema sanitario de difícil control, para el que no hay tratamientos ni vacunas, pocas son las herramientas que han mostrado eficacia a los fines de tender un cerco a la propagación. El distanciamiento social, medidas de higiene y barbijos ayudan a cada uno y los protocolos emergen como la clave para alcanzar el equilibrio entre salud y economía frente al coronavirus.

La Defensoría del Público presentó el viernes último  Nodio- Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Su objetivo es garantizar iniciativas que protejan a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias a través de Internet. 

El arco político provincial está mostrando los movimientos propios de los aprestos para una nueva campaña electoral. Su particular composición, en el pico de debilitamiento de los partidos, no juega a favor de un proceso de reordenamiento que favorezca un pronunciamiento preciso de la ciudadanía. El armado de alianzas para ir a comicios y la incapacidad de esas formaciones para convertirse luego en estructuras políticas para ejercer sendos roles de oficialismo y oposición, puede considerarse que está en los cimientos de una institucionalidad de baja calidad en Salta y el país.

En los primeros nueve meses del año se cometieron en el país 223 feminicidios, 142 de ellos en el marco del aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Diez de ellos corresponden a Salta, una provincia que transita su sexto año de emergencia social por violencia de género.

Cuatro proyectos de ley y tres de declaración se incluyeron en el acta originaria de Labor Parlamentaria de la sesión de este martes de la Cámara de Diputados, todos vinculados al llamado derecho al último adiós.

Se inició otra semana que estará atravesada por la problemática que genera la emergencia sanitaria. La propagación de la enfermedad y su impacto económico no dan tregua a las autoridades provinciales pero se van despertando expectativas que alientan iniciativas para ir trabajando en eventuales salidas a la encerrona actual.

Hacia los años de 1950, la educación primaria nos transmitía una visión estrecha de la geografía salteña. El cerro San Bernardo, las Lomas de Medeiros y los ríos Arenales y Arias parecían delimitar el horizonte de aquellos niños, entre los que me contaba.