Ni por cerca se tiene una dimensión acabada del impacto de la pandemia en la vida social, económica y hasta política del país y la Provincia. El ámbito que se observe da señales que, efectivamente, el Covid 19 se instaló para alterar su ordenamiento.

Me atrevería a sostener que las instituciones de nuestra provincia padecen una larga crisis de representatividad.

Cierra una semana positiva para el gobernador Gustavo Sáenz porque ha logrado dos leyes imprescindibles para superar un importante escollo en su gestión.

El presidente defraudó las esperanzas de millones de argentinos que habíamos confiado en él.

En el muestrario de problemas que ha generado la cuarentena, se ha sumado el que afecta al sistema de transporte urbano de pasajeros. La Nación no gira los subsidios que desde principios de este siglo cubren buena parte de los costos de su explotación y en la ampliación del presupuesto, que se analiza del Congreso, no se ha previsto una partida con destino a los servicios del interior del país.

Salta sale a buscar el préstamo de un usurero para pagar su deuda. Es la síntesis del único voto negativo que tuvo el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial, que con media sanción pasó a la Cámara de Senadores. Similar aprobación tuvo la el convenio para tomar un crédito del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que este año distribuirá no menos de 50 mil millones de pesos en todo el país.

Hay que profundizar la situación del Hospital del Milagro, que no quedó bien clara con la explicación de su director,  el Dr. Juan José Esteban, al que le tengo un gran respeto, respecto de falsos positivos de Covid. Hay un sector del hospital que podría estar haciendo su negocio: son los bioquímicos. 

Ante funcionarios del gobierno nacional se desplegó un abanico de demandas para lograr el desarrollo provincial. No constituye un plan de gobierno sino la identificación de áreas donde es necesaria la asistencia para reforzar los esfuerzos propios, a la vez que hacer notar el abandono por parte de la administración federal, que concentra todos los recursos y usufructúa el beneficio de los bienes de las provincias.

La corrupción entre nuestros gobernantes es un hecho que la mayoría entiende como cierta.

Parece claro que el futuro de cada uno depende, en buena medida, de una combinación de esfuerzos y oportunidades, así como de la situación económica, cultural y social en la que se desenvuelven nuestras vidas.

La situación financiera de la Provincia será centro del debate legislativo durante esta semana. Las Cámaras tratarán el proyecto de Ley que solicita la aprobación del convenio de Asistencia Financiera, suscripto entre la Provincia y la Nación en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

El convenio que el Gobierno de la Provincia mantuvo con la Cooperadora para la Nutrición Infantil desde 2013 irrumpió en la última sesión del Senado y se lució como un acabado ejemplo de corrupción. Se desconoce el destino de ingentes recursos y se ha ratificado que el control público tiene serias falencias.