Política

"Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear, como nuestros abuelos y bisabuelos, son ustedes los encargados de portar la antorcha de que les fue legada", dijo el presidente en el acto del Jockey Club.

Así surge de un informe estadístico difundido este viernes por la Corte. Además, el segundo ítem en la apertura de causas son reclamos laborales.

El dirigente del radicalismo salteño, Bernardo Solá, apuntó contra la conducción de la Unión Cívica Radical – a nivel local y nacional – al considerar que no se hace pública su agenda y no tiene peso en la realidad política actual.

El Tribunal de Santa Cruz ratificó su competencia. Sin responsables políticos, la causa tiene por ahora solo cuatro imputados.

Sergio Andrés Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados en una de sus empresas, fue contratado por la obra social de trabajadores rurales, que el Gobierno de Javier Milei mantiene intervenida desde 2024.

Emilia Orozco anunció la expulsión del edil acusado por violencia de género, destacando que en el partido no se protege a quienes cometen delitos. López ya renunció y enfrenta investigaciones judiciales.

Integrantes del Consejo de Administración se despegaron de la marcha de este miércoles a Plaza de Mayo.

El referente libertario se disculpó por haber respaldado al exconcejal y exigió que se cumpla la ley si se confirman los delitos.

El dirigente sindical reclamó dejar de lado las mezquindades sectoriales y conformar un frente unido contra un gobierno que, según denunció, “vino a destruir al movimiento obrero y al país”.

Pablo López renunció tras ser denunciado por extorsión sexual a una compañera de su espacio. En diálogo con Aries, Alfredo Olmedo, detalló las acciones que se tomarán respecto a este grave hecho.

Tras la salida de Javier Martínez (Pergamino), otros jefes comunales podrían seguir sus pasos. Los que están más afuera que adentro y aquellos que todavía negocian lugares en las listas.

El exministro chileno, cuestionado por Javier Milei por su rol en las negociaciones con Argentina, asumirá en octubre como director del área clave del organismo internacional.

La medida, que podría concretarse el próximo mes, se basa en documentación secreta de la SIDE vinculada al rol de los servicios durante la gestión del exjefe del Ejército.

En la apertura de la tradicional exposición, el mandatario salteño ratificó su respaldo a las economías regionales y recorrió el stand provincial, donde productores y artesanos llevan el sello de Salta al corazón del país.

La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre del organismo, tras la presentación de una medida cautelar por parte del SEVINA.

La concejal Malvina Gareca confirmó que López presentó la renuncia y señaló que el paso siguiente es convocar a una sesión extraordinaria. “No podemos tener este tipo de personas en el Concejo”, señaló.

Jorge Castro Videla, referente del Movimiento Evita, brindó detalles sobre la firma de un documento que llama a distintos sectores políticos a conformar un frente en defensa de Salta y el federalismo.

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, renovó el rechazo del sector a las retenciones a las que calificó de un “impuesto extorsivo”, y resaltó el potencial productivo de la provincia.

En sus redes sociales, el edil libertario hizo pública la nota de renuncia y aseguró que prefiere dar un paso al costado antes de ser funcional a operaciones. “Me pongo a disposición de la Justicia, defiendo mi inocencia”, indicó.

Luego de ser denunciado por extorsión y violencia de género, el concejal libertario presentó su renuncia al cargo. Más temprano, un comunicado de LLA advertía que no ampararían a “quienes comprometan la honorabilidad del espacio”.

Se filtró un audio entre el concejal Pablo López y una mujer de su partido que revela retenciones de sueldo y pedidos sexuales a cambio de dinero. La justicia le entregó a la denunciante un botón antipánico.

Se trata de Tech Security, una compañía en la que estuvo Martín Menem y que ahora manejan su hermanos. Se quedó con un contrato de $4.000 millones.

El juzgado de San Martín hizo lugar a una cautelar del gremio Sevina; el Gobierno por seis meses no podrá pasar a disponibilidad personal ni suprimir estructuras de la dirección.

Máximo Kirchner, Sergio Palazzo y Wado de Pedro se reunieron con los trabajadores y pidieron que el Ministerio de Trabajo bonaerense actúe con firmeza.