Desde que quedó firme la condena por corrupción impuesta a la ex mandataria peronista en 2022, se abrieron muchos frentes para debilitar el aprecio público por una necesaria sanción por hechos investigados judicialmente durante más de un década. Luego que se agotaran las instancias penales por la intervención de la propia Corte Suprema, la ejecución de la pena sigue manteniendo la atención de los tribunales por intentos de adecuarla a la supuesta relevancia de una dirigente que no solo perdió su libertad sino también -y de manera perpetua- su capacidad de ejercer cargos públicos.
En un país en el que es creciente la violencia política a través de diversas manifestaciones, desde el sector político que se referencia en su persona se buscan maneras de ir modificando su condición, intentando hacer caso omiso de las disposiciones que le alcanzan por estar cumpliendo prisión domiciliaria. Es así que se moviliza a sus seguidores como una forma de mantener la protesta por una supuesta proscripción política.
La última maniobra conocida fue la difusión, a través de las redes sociales, de la dirección electrónica oficial del Tribunal Oral Federal 2, para que los interesados le hagan llegar pedidos para visitar a la ex mandataria en el lugar donde cumple prisión. Más de 700 solicitudes llegaron a esa dependencia, lo que obligará a distraer recursos en un trámite que seguramente será inconducente.
En tanto, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal repudió los recientes ataques y manifestaciones discriminatorias contra el fiscal federal Diego Luciani y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques. Lo hizo a través de un comunicado, en el que advirtió que estos episodios no son aislados, sino que forman parte de un contexto de convivencia violenta, alimentado por “el lenguaje agresivo de actores con representación política y responsabilidad social”.
Subraya la frecuencia con la que se suceden los ataques a los magistrados judiciales, en especial a los fiscales, con la única intención de torcer sus decisiones e impedir que cumplan con su mandato legal. El comunicado destaca que la independencia judicial no es solo un principio legal, sino también un derecho humano consagrado por normas internacionales y dice que “este tipo de hostigamiento constituye un retroceso en el trabajo realizado en materia de derechos humanos en nuestro país”. En ese orden, la entidad que nuclea fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal instó a todas las instituciones sociales a sostener un marco de neutralidad e independencia judicial, y a fortalecer los principios democráticos propios de un Estado de Derecho.
Cabe señalar que la cuestión puntual a la que se refiere el comunicado se inscribe en un clima de tensión que se alimenta especialmente por el uso de redes sociales, para instalar campañas de descrédito dirigidas a funcionarios judiciales vinculados con causas de alto impacto político.
Queda en la sociedad la responsabilidad de advertir las intenciones de este tipo de mensajes, que pueden horadar los cimientos del sistema democrático que demanda un esfuerzo constante mantener.
Salta, 25 de junio de 2025
