Ese es el ánimo con el que encaran un nuevo tramo de negociaciones, que en el caso de los gobernadores del Norte Grande se fortaleció con un conjunto de reuniones que les ha permitido tener en claro el listado de demandas, que no son solamente fiscales sino que contienen los reclamos del sector privado. Cada región tiene sus particularidades y las coincidencias que definen las posiciones no pasan por la pertenencia a un sector político, ni aún tratándose de la principal oposición.
Hay ejes de discusión que son vertebrales como es el caso de la caída de la recaudación, que impacta directamente en las arcas provinciales. Contrariamente a lo que venía registrándose, no se reclama desde una posición deficitaria producto de la ineficiencia en la gestión sino que el requerimiento es consecuente con un discutible manejo de recursos que realiza la administración nacional.
Las medidas macroeconómicas hasta ahora aplicadas han resuelto parte de los problemas estructurales del país y cuentan con el apoyo de los gobernadores. Pero los mandatarios observan que son insuficientes para dotar de recursos a la gestión para corregir otras situaciones. Las estimaciones realizadas por la conducción económica en materia de recaudación no se corresponden con la realidad y su caída -según indican informes oficiales- es peor a la proyectada debido a la baja de la actividad económica y al menor consumo.
La gravedad de la situación se expresa en que no hay espacio para el oportunismo. La preponderancia que tiene el Ejecutivo nacional en un sistema presidencialista ha tocado techo desde que los propios organismos fiscales han determinado que no se están ejecutando partidas que se recaudan y tienen asignación específica para las provincias, tal como ocurre con el impuesto a los combustibles. Otro caso es la distribución del remanente del fondo de ATN, que contrariando disposiciones legales, se lo queda la Nación. Las provincias propusieron que todas esas partidas se sumen a los recursos coparticipables y serán ellas las responsables de su uso, aliviando las obligaciones que incumple la Nación.
No es la solución de la crisis actual sino el entendimiento que se requiere un trabajo conjunto. De allí que los gobernadores también advirtieron al gobierno nacional que se debe instrumentar el Acta de Mayo, en la que están contenidas las propuestas de reformas estructurales imprescindibles para el plan económico. Precisamente este martes comenzará a funcionar el Consejo, responsable de convertirlas en proyectos para girarlos al debate del Congreso de la Nación.
Frente a los gobernadores están los referentes del sector privado, que apuran decisiones en torno de diversas problemáticas como el financiamiento para fomentar el incremento del consumo; la morigeración de la expansión de la economía informal y la reducción de la presión fiscal. Esas cuestiones fueron tratadas en la reciente reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, que integran los vicegobernadores de las 10 provincias miembro.
A los planteos sobre las cuentas públicas sumaron el reclamo por el desarrollo, con la consiguiente generación de empleo. Puntualmente destacaron que es preciso que se termine la discriminación que hace del norte argentino una región menos competitiva.
Desde las provincias se trazó una línea que no se puede trasponer. No hay modo que al gobierno de La Libertad Avanza le vaya bien si al interior le va mal.
Esa es la regla.
Salta, 23 de junio de 2025
