En el mes que termina hoy hubo dos encuentros con asistencia casi perfecta de los mandatarios, convocados por las urgencias de sus cajas, que van vaciándose en la medida en que aumentan sus responsabilidades por el retiro de la administración libertaria. En la reunión del pasado martes firmaron un documento, anticipando que van a girar al Congreso un proyecto de ley para reordenar la distribución de recursos. Frente a esa intención, se acordó una reunión entre Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de la Nación y los ministros de Economía de los 24 distritos.
En esta tarea no hay diferencias de signos políticos; gobernadores peronistas, radicales, del PRO y de partidos provinciales, acordaron trabajar en una iniciativa para eliminar todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos, a fin que la Nación, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ocupen esos recursos según las prioridades que cada una defina. También incluirán en el proyecto una reforma del Fondo de Aportes al Tesoro Nacional, a fin que se distribuya de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria y no siga siendo una herramienta en manos del Ejecutivo Nacional, para una distribución discrecional. Es la forma que los gobernadores encontraron para acceder a fondos que les corresponde, sin afectar las cuentas del Tesoro Nacional.
Esta unidad de acción da cuenta de la gravedad de la situación, en la que las ventajas individuales no serán suficientes para resolver un panorama complejo para cada gobierno. Los ingresos han sido afectados no solo por la baja de la recaudación a partir de la caída del consumo que golpea a impuestos coparticipables como el IVA, sino también a tributos locales como Ingreso Brutos. Alcanzar esta coincidencia exigió contactos a distintos niveles, incluso el de gobernadores cercanos al gobierno de La Libertad Avanza con los líderes de los distintos bloque políticos del Congreso. Ocurrió el viernes pasado cuando el mendocino Alfredo Cornejo; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Maxi Pullaro, de Santa Fe, Nacho Torres, de Chubut y el peronista Sergio Zilliotto, de La Pampa empezaron a buscar el apoyo legislativo para la iniciativa que va a tener otra instancia de tratamiento previo.
Hay una fuerte resistencia en el Ejecutivo nacional y así lo ha expresado el propio Jefe de Gabinete cuando anticipó que no se puede aceptar bajo presiones políticas la propuesta de los gobernadores, “en aras del equilibrio fiscal”. Pero dejó planteada la posibilidad de discutir la iniciativa, a sabiendas que si no hay un acuerdo en ese plano, la decisión será del Congreso. Ello demuestra la inteligencia de los contactos que ya se han abierto con los parlamentarios.
Pero también pesa la actitud del gobierno libertario de habilitar un diálogo de carácter técnico que permita un acuerdo entre Nación y provincias. De allí la intervención de los ministros de Economía, para asegurar que el equilibrio fiscal sea el eje ordenador y no solo el afán de equilibrar el reparto de fondos.
Si se llega a un acuerdo razonable se estaría ante la posibilidad de un nuevo pacto fiscal, de los que se han venido firmando desde la década del 90, aún cuando han demostrado poca efectividad. De lo que se trata es de frenar que escale la tensión entre las provincias y el Gobierno nacional y se vayan acumulando reclamos, como los que se vienen expresando al margen de la lucha por los recursos.
La política será puesta a prueba con esta puja que es consecuencia de las reformas estructurales que se están buscando.
Salta, 30 de junio de 2025
