planes sociales

La intendenta Ana Guerrero Palma criticó las políticas privatistas y destacó la crisis económica en la que está sumergida el municipio hace 27 años.

Obligaban a beneficiarios a realizar aportes mensuales que terminaban en manos de referentes de niveles superiores dentro de la organización, declaró el fiscal Pablo Vignaroli.

El Gobierno decidió meterse de lleno en la causa: no solo es querellante Capital Humano. También lo pidió la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción.

Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2012. Las penas quedaron en condiciones de ejecutarse.

Dirigentes sociales negaron la presunta extorsión a beneficiarios de planes y denunciaron amenazas, irregularidades y actos intimidatorios en los operativos ordenados por la Justicia.

Las actuaciones judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero y de otras organizaciones, en el marco de una causa que investiga denuncias realizadas en la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad.

El anuncio lo realizará este lunes la ministra de la cartera, Sandra Pettovello. Cortes de calles e intermediarios en la mira.

Una economista aseguró que los programas sociales se constituyen en una red de protección y dignifican a la población más empobrecida, y que a pesar de su mala imagen, todos los sectores económicos reciben algún tipo de ayuda.

En medio de la incertidumbre que reina por la implementación de las reformas ultra liberales, sectores combativos aseguraron que coparán las calles si se avasallan los derechos conquistados.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, lleva adelante la investigación.

La ley que permitiría incorporar a los beneficiarios de planes sociales a la administración pública fue rechazada y se desató un conflicto a las puertas del edificio.

El gasto público se sigue acelerando y en 8 meses se consumió casi todo el presupuesto previsto para el año.