El diputado provincial Daniel Segura apuntó con dureza contra el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, en el marco de la polémica por la facturación eléctrica y las presuntas irregularidades detectadas en el servicio de energía en el departamento General Güemes.
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el legislador sostuvo que durante la gestión de Saravia “se le dieron muchas concesiones a Edesa” y cuestionó decisiones vinculadas al control del servicio, entre ellas la negativa a incorporar la fotografía del medidor en las facturas, medida que —según indicó— fue rechazada bajo el argumento de un supuesto costo adicional que luego no se habría computado, ya que las facturas, actualmente, se emiten de forma digital.
En ese marco, el diputado sostuvo que el titular del Ente reaccionó de manera personal frente a los cuestionamientos políticos a la polémica. “Salió a militar y a atacar en forma personal”, expresó, al tiempo que cuestionó que el funcionario haya descalificado públicamente las observaciones realizadas desde la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos centrales de las declaraciones estuvo vinculado a la multa de 238 millones de pesos aplicada a Edesa por presunta malfacturación en el municipio de General Güemes. Segura advirtió que aún, a pesar de los pedidos, no existe información clara sobre los usuarios alcanzados ni sobre los montos de devolución.
“Me llamaba la atención que el Ente no se dé cuenta de una sobrefacturación y que la gente tenga que salir a reclamar para que reaccione”, afirmó.
En el tramo más duro de sus declaraciones, Segura afirmó: “O es un inútil que no sabe negociar y por eso pagamos el doble que otras provincias, o hay otra cosa”. En ese sentido, puso en duda la transparencia en la gestión del Ente y planteó la posibilidad de irregularidades no especificadas al referirse a “otra cosa”.
El diputado además reclamó que Saravia presente su declaración jurada. “Yo puedo mostrar mi declaración jurada, quiero ver la de él y Dios quiera que pueda justificar sus ingresos”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de transparencia sobre el patrimonio y los ingresos del titular del organismo.
Segura comparó la situación con la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, donde se investiga un presunto incremento patrimonial injustificado. El delito se configura cuando un funcionario no puede justificar el origen de sus bienes o gastos, los cuales superan ampliamente los ingresos legítimos declarados durante su gestión. “Si uno puede demostrar sus ingresos, el otro también debería hacerlo”, señaló el legislador.
Finalmente, Segura sostuvo que el Ente Regulador debería actuar como garante de los derechos de los usuarios y no como defensor de las empresas prestadoras. “Hoy parece vocero de Edesa”, concluyó.
