Las tareas pendientes no son pocas y la posibilidad de cumplirlas tiene muchos condicionamientos. Sin embargo, el balance oficial es positivo.
Dos carteras han posibilitado que se registren avances para la gestión en la Provincia. Se trata de Economía y Servicios Públicos y la de Infraestructura, que realizaron una tarea muy intensa en el último trimestre para permitir que 2024 cierre con presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025.
Para valorar este esfuerzo vale rescatar la evaluación realizada por Sergio Camacho , quien -además de responsable de la obra pública- es el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno que encabeza Gustavo Sáenz. Dijo que el año que cierra fue difícil desde todo punto de vista, al extremo que en lo institucional, la gestión libertaria, que “gobierna por decreto de necesidad y urgencia”, tomó distancia de los procesos democráticos. Para graficar el alcance del impacto de lo actuado por Javier Milei, en este primer año de presidencia , detalló que entre lo que Nación adeuda y el no envío de las transferencias no automáticas lo que dejó de ingresar a las arcas provinciales equivale a tres masas salariales.
Las cuentas abiertas son las que empujaron a la Nación a crear el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que cinco provincias ya formalizaron su adhesión y otras 13 manifestaron su voluntad de hacerlo pero todavía no cerraron los cálculos. Salta está en este pelotón, dispuesta a sanear su relación financiera con el gobierno central para recuperar acreencias que las autoridades económicas nacionales discuten.
El que viene es un año electoral y los gobernadores no confían en que la Nación cumpla con lo que hasta ahora ha venido acordando, especialmente en materia de obra pública, parada en su mayor parte. Además, tiene pendientes de pagos ingentes cifras de recurso por diversos conceptos que las provincias no están dispuestas a ceder. Tan solo por dos ítems, la deuda de la Nación con las provincias supera los 500 mil millones de pesos. Algunas referencias advierten que si las provincias insisten en sus reclamos -que algunas los tienen judicializado- no hay modo que se mantenga el superávit fiscal, del que se ufana La Libertad Avanza.
Pese a ello, el panorama provincial descripto por el ministro de Infraestructura parece promisorio. Al equilibrio de las cuentas se suma un ambicioso plan de obra pública, que será financiado con fondos provinciales y de organismos internacionales. En obras viales, que es uno de los déficits notorios que tiene Salta, se han proyectado inversiones por 90 mil millones de pesos, cifra que incluye obras que debiera ejecutar la Nación.
En esta última semana se presentó el plan de obras de agua y cloacas previstas para 2025 ante la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Contempla 115 obras a ejecutar el próximo año, con una inversión de 130 millones de dólares.
En tanto, el presidente del Foro de Intendentes informó en la Navidad que los municipios tienen sus cuentas en orden y han podido pagar sueldos y aguinaldos. Deben recuperar el ritmo de obras, frenadas por decisiones del gobierno nacional.
En el borde del fin de año, la voz que se comenzó a sentir es la de las pymes salteñas. Han desplegado un extenso petitorio para corregir los efectos de medidas macroeconómicas, que incluye el elevado crecimiento de alquileres y tarifas de servicios públicos. Suman la devaluación del peso y las dificultades para acceder al financiamiento, las tasas elevadas y las restricciones de crédito.
Gobierno y empresas confían, de todas maneras, que el camino trazado es duro pero es el que se debe transitar.
Salta, 26 de diciembre de 2024
