Nada está cerrado. El estallido en la frontera norte es consecuencia de la puesta en marcha del llamado Plan Güemes, con el que se enfrentará al crimen organizado.
Opinión19/12/2024
Un muerto, varios heridos, la alteración de la paz social, cortes de ruta, son las características de una situación generada -casi en el comienzo de la semana- por una nueva modalidad de actuación de la principal fuerza de seguridad federal que siempre actuó en el límite entre la Argentina y Bolivia. Ocurrió en Orán, donde está asentado el Escuadrón 28 de Gendarmería Nacional, cuyo accionar está reforzado con mayor número de efectivos, con la participación de la Prefectura Naval y el acompañamiento más efectivo de la Policía de la Provincia.
Exactamente hace una semana, el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich lanzaron desde Aguas Blancas dicho plan, descripto como una estrategia conjunta e integral para combatir el narcotráfico y los delitos conexos. Para su ejecución hasta marzo de 2025 se cuenta con 310 efectivos, vehículos y tecnología. Su propósito es imponer control en la frontera más desguarnecida de un país que en 15 mil kilómetros limita con cinco naciones.
Es la frontera más peligrosa, aseguró el mandatario provincial quien asumió que los violentos hechos ocurridos en estas últimas jornadas en el área involucrada en el Plan Güemes son los inconvenientes que producen los cambios y anticipó que lamentablemente van a seguir ocurriendo mientras se desarrollan los embates contra los ilícitos propios de la zona. Por su parte, por sus redes sociales, la ministra Bullrich alentó a los protagonistas a contribuir a la solución de la problemática en la que están inmersos pueblos de frontera como Aguas Blancas, donde operan los llamados bagayeros. Aseguró que los trabajadores que viven de pasar mercadería, tienen un camino ordenado para seguir trabajando, pero deben diferenciarse de los que trafican drogas para poder poder seguir adelante.
Esas reglas de juego seguramente son las que enmarcan la tarea que están llevando adelante la Sede Fiscal Descentralizada de Orán y la Sede Tartagal, que además de investigar el procedimiento de Gendarmería que arrojó un muerto, está mediando para disolver la protesta que produjo el corte de la ruta 50. Por la mediación de la fiscal federal
María del Carmen Núñez y del Jefe de la policía Federal, se acordó con representantes de coqueros el despeje de la ruta y la normalización de la situación. Inicialmente el acatamiento fue parcial pero avanzada la madrugada y bajo una lluvia torrencial, se cumplió lo acordado.
Los observadores entienden que es un paréntesis y hay incertidumbre respecto de cómo continuará el conflicto. Por un lado se espera que continúe la actividad de paso de mercadería permitida porque hay incertidumbre en quienes se dedican a esa tarea. Según el interventor del Municipio, hay molestia en la población por lo que observan como una militarización de Aguas Blancas. Pero no se desconoce que el tráfico de los bultos, por fuera de toda norma, sostiene una práctica que usa el narcotráfico de manera frecuente.
No menos cierto es que hay muchas actividades propias de la actividad de la población fronteriza que requieren de un mayor ordenamiento legal, como es la comercialización de la coca, reprimida en el ingreso al país pero no en su uso, que está autorizado por ley al reconocerse su carácter cultural ancestral.
La decisión política de resguardar como corresponde la frontera no debe victimizar a los habitantes. No se trata solamente de reprimir los delitos sino también de aportar soluciones a las carencias básicas, que empujan a buscar sustento como les es posible.
Hay que luchar contra el crimen organizado pero también contra la pobreza.
Salta, 19 de diciembre de 2024
Otro año se cierra y deja sus lecciones para que las aprendan aquellos que tienen grandes responsabilidades en cada sociedad. Pero también deben ser atendidas por quienes integran las comunidades esparcidas en el planeta. Es el momento de asumir que ni un país ni un hombre tienen la centralidad sino que hay una dependencia absoluta entre todos.
El año que se inicia será complicado para las provincias. Fueron puestas en una encrucijada y obligadas a apoyar un presupuesto que no las favorece pero la alternativa era seguir sin una ley para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
La Argentina empezará esta semana el 2026 con presupuesto. Corresponde la mención porque no es lo que ocurrió en 2024 ni en este año, durante los que se prorrogó la vigencia del último esquema de gastos y recursos aprobado en 2022, para el ejercicio fiscal 2023.
Múltiples mensajes transitaron estos días en que la Iglesia Católica dedica a celebrar la venida del Hijo de Dios al mundo. Son las jornadas en las que las familias argentinas se reúnen, dedicando tiempo para expresar afecto entre sus miembros y allegados. Todos forman parte de una comunidad que está atravesada por carencias e incertidumbres.
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
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