Incertidumbre

La práctica del veto desarrollada por el presidente Javier Milei no permite asegurar que la sanción dada por el Senado a leyes de fuerte impacto social sea definitiva. Incluso ha dado una vuelta más al asegurar que si el proceso de insistencia le fuera negativo, judicializará la decisión del Congreso. 

Si bien fue el tema central de estas últimas jornadas, vale señalar que la referencia es a la decisión de la Cámara alta de completar la sanción dada por Diputados al aumento a los jubilados, a la continuidad de la moratoria previsional y a la emergencia en Discapacidad. Se trata de medidas que la administración libertaria rechazó desde su origen por considerar que atenta contra el objetivo principal de su gestión que es el superávit fiscal. 

Con ese cuestionamiento como bandera, trató de frustrar el tratamiento legislativo desde el mes pasado, cuando los proyectos de ley comenzaron a transitar las comisiones de la Cámara baja. El oficialismo puso tantos obstáculos como le fue posible y a medida que fracasaba en el intento, se recostó finalmente al recurso del veto, para cuya insistencia ya tiene diseñada una estrategia probada como eficaz. Se trata de la reconstrucción de un bloque de diputados aliados que lo acompañen a dejar sin efecto la sanción.

Los fundamentos para un eventual veto no tienen demasiado sustento, porque las sanciones han resguardado el apego a la ley de administración financiera del Estado -que exige la determinación de la fuente de financiamiento- y votaciones con mayoría agravada. Ello fue advertido por los legisladores de La Libertad Avanza que, finalmente, incurrieron en conductas que suelen denostar porque se marcan como particularidades de lo que llaman la casta política.

Cabe destacar que los hechos que se vienen sucediendo muestran la debilitada calidad institucional del sistema democrático. La división de los poderes que integran la república no se muestra muy clara y hay una prédica constante en marcar cualquier movimiento de un poder como atentatorio de los intereses de los otros. Un ejemplo es el cuestionamiento a la reciente condena por corrupción que la Justicia impuso a la ex presidente Cristina Fernández. El Congreso fue un espacio que se usó y seguirá utilizándose para una defensa política que pretende arrasar con las facultades del Poder Judicial.

También es muy notorio la defensa de una supremacía presidencialista sobre el Legislativo. Con la gestión libertaria se está llevando al extremo de sustraer de la decisión del Congreso el presupuesto de gastos y recursos que debe proponer el Poder Ejecutivo. También se intenta desconocer su legitimidad al discutir la soberanía de sus decisiones, por ser consecuencia de una representación mínima del oficialismo. No menos preocupante es el destrato a los gobiernos de provincias, que resulta del aislamiento del Ejecutivo en la toma de resoluciones que les atañen al marginar al Parlamento, en el que tienen una acabada representación,  de su análisis y aprobación.

El que vendrá será un tiempo de posicionamientos que deben trascender los intereses sectoriales. La defensa del sistema institucional debe priorizarse sobre las pretensiones de grupos que pujan por su porción de poder.

Salta, 11 de julio de 2025