Corte Suprema: sin memoria

No vivimos en un país de locos, sino de incoherentes. A veces parece que la Argentina desafía incluso las leyes del sentido común. Porque cuando uno escucha que el senador nacional Juan Carlos Romero —el mismo que supo eludir durante décadas cualquier rendición de cuentas— busca ampliar la Corte Suprema y no se descarta su eventual inclusión en ella, el problema no es solo institucional: es moral.

Su par, el senador Sergio Leavy, al ser consultado sobre la posibilidad de que Romero forme parte del máximo tribunal del país, se limitó a una frase que parece sacada de una charla de café: dijo que “No le parece e alocado  ”. 
Lo triste es que quizás Tiene razón para algunos incoherentes ,No es locura, es parte de un sistema,Uno que permite que quienes quizás, fueron parte de los entramados más oscuros de la política provincial e incluso nacional, hoy se vistan con los ropajes de la transparencia para hablar de institucionalidad.

Romero presentó el 8 de mayo un proyecto para modificar el artículo 21 del Decreto Ley N.º 1285/58, proponiendo una Corte de siete jueces, con criterio de paridad de género y diversidad federal. En los papeles, suena bien. ¿Quién podría estar en contra de una Corte más plural, más dinámica, más eficiente? El problema no es la letra del proyecto, sino la firma que lo impulsa.

Hablamos de un hombre con causas abiertas, cuestionamientos históricos y una habilidad notable para escudarse en fueros. Un hombre que, cuando se lo interpela por temas sensibles como la Ciénaga, responde con cartas documento. A mí me la envió, desconociendo mi rol como diputada, solo por atreverme a nombrar lo innombrable. Esa es la concepción de poder que lo acompaña: la de la amenaza, el silencio, el blindaje.

Y sin embargo, en una entrevista reciente con Fabián Doman, Juan Carlos Romero se permitió hablar de transparencia y justicia. Hasta reconoció que “la justicia de las provincias no es tan independiente como uno quisiera”. Si fuera ficción, sería una sátira; pero en boca de Romero, es simplemente una muestra más de cómo se puede manipular el discurso público sin sonrojarse.

Lo preocupante no es solo su presencia en el Senado, sino que se lo considere posible integrante del máximo tribunal de justicia del país. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía cuando quienes se han resguardado detrás de sus fueros, y jamás rindieron cuentas, aparecen como paladines de la legalidad?

El desprestigio de la política no es un fenómeno espontáneo. Tiene causas, tiene nombres, tiene fechas. La abstención en las elecciones, el descreimiento de los jóvenes, el rechazo generalizado a la clase dirigente, todo tiene su raíz en esta clase de episodios: cuando el poder se recicla a sí mismo sin pudor.
Me pregunto si

¿Puede haber algo más peligroso que naturalizar la impunidad? Y la respuesta es Sí: institucionalizarla.

Me viene a José López, ese de los bolsos. Pero en la Argentina, la justicia parece tener preferencias etarias: es contemplativa con los “viejitos corruptos”. Y ni hablar si el implicado cuenta con aliados poderosos o una red de favores tejida a lo largo de décadas.

Hoy se habla de ampliar la Corte, de sumar diversidad, de garantizar paridad. Ojalá esa voluntad reformista no se convierta en una pantalla para garantizar impunidad. Ojalá no tengamos que ver en el futuro a Juan Carlos Romero dictando fallos sobre ética pública. Porque entonces ya no hablaríamos de incoherencia. Hablaríamos de una derrota cívica.

La democracia necesita algo más que instituciones: necesita ejemplos. Y si quienes ocuparon el poder lo usaron para protegerse y callar a quienes intentamos señalar abusos, entonces no es la Corte lo que se está ampliando. Es el abismo entre la ciudadanía y la política.