Panorama

El llamado es para mañana y reviste carácter de urgente. Además, se amplió a las 62 Organizaciones Peronistas, dando cuenta que el encuentro tiene un contenido político y no se remite a cuestiones laborales exclusivamente. El comunicado a través del cual se informó de esta reunión de secretarios generales de todas las organizaciones gremiales que operan en la Provincia, precisa que se va a evaluar la situación nacional y a definir acciones.

Desde que al inicio del año anterior el proyecto de ley de bases y el DNU 70, de diciembre de 2023, sacudió la modorra gremial, generada en los vínculos con gobiernos de cuño peronista y por la necesidad de no agitar la interna por el poder sindical, no se vio la movilización que se nota en estos días. El plenario urgente de secretarios generales de la Confederación General del Trabajo Regional Salta y 62 Organizaciones responde a la preocupación por las medidas del gobierno nacional, consideradas “un ataque al pueblo argentino y, específicamente, a los trabajadores”, según un pronunciamiento que endurece las críticas que ya venían formulándose desde el mes pasado por lo que consideraban una profundización del ajuste. 

En esta oportunidad se anticipó que van a avanzar más allá que un pronunciamiento discursivo y se va a asumir “un compromiso firme ante los ataques y la quita de derechos laborales”, extendiendo la continuidad del estado de alerta y movilización y definiendo medidas de acción directa.

El extenso listado de decisiones adoptadas por la administración libertaria, bajo el paraguas de la delegación de facultades que caducó el martes pasado, llevó al  cierre y modificación estructural de diversos organismos estatales. De sus consecuencias, al margen de su impacto en el desarrollo de acciones del Estado, especialmente preocupan las que se expresan en la pérdida de fuentes de trabajo. Puntualmente se ha mencionado el cierre o transformación de Vialidad Nacional, INTA, INTI, el Instituto del Cáncer y el de Semillas. 

Un caso icónico, que desde 2024 se viene rechazando en la Provincia, es el del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que tenía 1.000 empleados y destinaba el 85% de sus fondos a sueldos, según los fundamentos expuestos por el gobierno de Javier Milei. Así planteada la decisión no informa nada respecto de cómo se cubrirá la importante función social que tenía en la contribución a un tipo de economía que permite la sobrevivencia de centenares de familias radicadas en las zonas marginales del territorio nacional.

Se suman a esta situación, las complicaciones de la administración provincial que son motivo de negociaciones unilaterales del gobernador Gustavo Sáenz y las encaradas en conjunto con sus pares de las 23 jurisdicciones restantes. La cuestión atraviesa la capacidad de decisión del gobierno local, como se nota en las dificultades que manifiesta la paritaria del sector público.

Otro dato preocupante del contexto es que en junio volvió el déficit fiscal primario nacional, ponderado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en más de un billón de pesos. En tanto, los compromisos de deuda elevan a casi 3 billones el desbalance financiero, según lo ha confirmado la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.

El panorama es inquietante en el mejor de los casos e incierto si no se recupera el virtuosismo de manejar las cuentas públicas con un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

Salta, 10 de julio de 2025