Tras los allanamientos de la Policía Federal en el Bajo este miércoles por trata de personas, se conoció que ese lugar fue donado a la Fundación Volviendo a Casa.
Judiciales08/09/2022
En diálogo con Aries, la directora de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Isabel Soria consideró paradójico que en el mismo domicilio en donde trabaja una fundación para rescatar y contener a personas víctimas de trata de persona, funcione un centro de explotación de mujeres.
Soria, quien ocupa un cargo público estuvo a cargo de la Fundación Volviendo a Casa, dijo que el edificio fue cedido al Estado Nacional en el marco de un proceso penal que se formalizó el 9 de diciembre de 2019 por la misma causa que se allanó el mismo domicilio este miércoles.
La propiedad ubicada en la calle Astigueta 612 tiene dos entradas separadas, en un ala funcionaba la fundación, y en otra vivían mujeres que estaban en extrema vulnerabilidad y fueron víctimas de trata, aseguró.
“No conocíamos la magnitud del peligro y la situación en que estábamos”, aseveró, y agregó que a partir de los allanamientos el Estado Nacional recuperó la totalidad de la propiedad.
Consultada sobre el avance de la causa, negó tener mayores precisiones pero destacó la labor del fiscal general Eduardo Villalba del Juzgado Federal de Garantías N°1.
A modo de cierre, pidió a la población a estar alertas porque puede suceder que haya lugares en donde explotan a mujeres, que se desconocen pero están cerca de uno. “Como Estado tenemos que brindar herramientas para que no sigamos siendo semillero de tratantes a nivel nacional”, concluyó.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
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Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
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El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
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