La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución del ex intendente de Morillo (Coronel Juan Solá), Atta Miguel Gerala, y lo declaró “penalmente responsable, en calidad de partícipe necesario”, del delito de contrabando de mercadería agravado por la cantidad de personas intervinientes, por la intervención de un funcionario público y por el valor de la mercadería , en concurso real, con el de robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda. La sentencia fue dictada el viernes pasado. El fiscal Ricardo Villaba había apelado la decisión del Tribunal Oral Federal 2° de Salta “por haberse fundado en el beneficio de la duda sin efectuar una adecuada valoración integral de la prueba”.
Deberán fijarse en los próximos días la audiencia de determinación de la pena.
La decisión fue por mayoría, la Sala IV está integrada por Daniel Antonio Petrone, Javier Carbajo y Alejandro Slokar. Petrone y Carbajo coincidieron en hacer lugar a la impugnación del Ministerio Público Fiscal (MPF). Slokar, en tanto, votó en disidencia.
La absolución se dictó en abril, el tribunal aseguró que se aplicaba el beneficio de la duda porque la prueba reunida no alcanzaba para condenar a Gerala como partícipe primario del delito de contrabando agravado, como había pedido el MPF. Estuvieronn a cargo del juicio los jueces Domingo Batule (presidente), Diego Matteucci y Gabriela Catalano. Mientras que el fiscal general Eduardo Villalba, con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual promovieron la causa y su apelación.
Según se informó entonces, el tribunal reconoció el esfuerzo de la fiscalía en la recolección de pruebas, pero consideró que los elementos presentados no lograban desvirtuar el principio de inocencia.
En el mismo juicio, el tribunal condenó al oficial subayudante Mauro Rodríguez, jefe del destacamento policial de Pluma de Pato, a 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por cohecho pasivo. Las pruebas en su contra incluían comunicaciones sobre la liberación de la zona para el paso de camiones con rieles. Otros tres imputados, entre ellos el hijo del ex intendente, ya habían sido condenados mediante juicios abreviados.
Al conocerse la decisión, el fiscal general Villalba impugnó la sentencia y la calificó de “arbitraria”. Sostuvo que se fundó en el beneficio de la duda sin una valoración integral de la prueba y que omitió elementos de cargo relevantes. Planteó además que el tribunal exigió un estándar probatorio elevado, al pretender que se acreditara una intervención directa de Gerala, cuando en delitos de corrupción “la prueba principal son los indicios”.
El fiscal ante la Cámara, Raúl Pleé, respaldó la impugnación. Ambos sostuvieron que el tribunal de juicio valoró las pruebas de manera fragmentada y aislada, y que así desarticuló un cuadro indiciario global y unívoco.
La investigación comenzó el 23 de agosto de 2023, a partir de una denuncia por envíos sospechosos de neumáticos, y derivó en el descubrimiento de un circuito ilegal de extracción y traslado de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Según la imputación formalizada por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, a pedido del fiscal Villalba, la investigación se centró en un principio en el comerciante David Edilberto Medina. Luego se constató, según el fiscal, que los Gerala se valieron de herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno del municipio. Por eso se sostuvo que el jefe comunal tuvo una participación necesaria: habría aportado el material, incluso vehículos, para el robo de los rieles. En esa instancia se ordenó su arresto domiciliario.
