Ivana Chañi
El debate en torno a la regulación del juego online escaló en el Parlamento. Las empresas de apuestas habilitadas intensificaron su presión en el Senado con el objetivo de frenar el avance de proyectos que impongan mayores restricciones operativas y comerciales, exigiendo que el foco estatal se concentre exclusivamente en combatir a las plataformas ilegales.
La discusión legislativa enfrenta dos criterios contrapuestos: por un lado, endurecer los controles, prohibiciones publicitarias y exigencias de verificación para todo el mercado; por el otro, concentrar la respuesta punitiva sobre la oferta clandestina que opera sin licencias oficiales.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo propone penas de tres a seis años de prisión para quienes organicen sistemas de apuestas no autorizados, y de dos a cuatro años para aquellos actores que presten servicios financieros, publicitarios o tecnológicos facilitando la ilegalidad. Asimismo, contempla bloqueos de dominios en la web.
No obstante, este texto oficial difiere de la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados en 2024 (cuyo plazo legislativo vence este año), la cual contempla un esquema mucho más restrictivo que incluye limitaciones totales a la publicidad, patrocinios deportivos, prohibición de bonos de bienvenida y estrictos regímenes de autoexclusión. Las firmas legales sostienen que estas exigencias excesivas terminan perjudicando al sector formal frente al avance de la informalidad.
Desde el sector empresario advierten que una presión tributaria desmedida sobre los operadores formales no hace más que alimentar el mercado negro de apuestas, el cual concentra un alto porcentaje de la actividad digital en el país.
