Ivana Chañi
El abogado Adrián Albornoz cuestionó duramente las nuevas restricciones de ARCA al comercio fronterizo y sostuvo que el organismo nacional utiliza la necesidad de mejorar los controles aduaneros como argumento para limitar una actividad que sostiene económicamente a numerosas familias.
En Pelo & Barba, por Aries, el representante legal de los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza puso en duda los fundamentos de la disposición y apuntó contra las dificultades del organismo para fiscalizar las operaciones comerciales.
Albornoz señaló que las restricciones fueron justificadas con la necesidad de otorgar mayores herramientas de control a la Aduana.
“Se condena una actividad bajo ese pretexto”, afirmó, y cuestionó lo que describió como una posible “ineficacia o impericia” de los organismos encargados de fiscalizar una frontera extensa.
Según explicó, las nuevas limitaciones incluyen prohibiciones sobre determinados granos y restricciones para comercializar mercaderías en presentaciones superiores a 10 kilos.
El abogado recordó que el comercio fronterizo se consolidó desde la década de 1970 como alternativa laboral tras la mecanización de la zafra y el retiro de grandes empresas de la región.
Sostuvo que las localidades fronterizas de Argentina y Bolivia desarrollaron parte de su actividad económica alrededor de ese intercambio.
Por eso, planteó que las restricciones deberían dar paso a una discusión más profunda sobre cómo regularizar el comercio y garantizar oportunidades laborales, sin mantener a los trabajadores permanentemente en la informalidad.
