Ivana Chañi
La Provincia modificó el criterio económico utilizado para determinar cuándo resulta conveniente promover una acción destinada a recuperar un perjuicio causado al erario público. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 102/2026 de Fiscalía de Estado y la Resolución 91/2026 de la Sindicatura General de la Provincia, publicadas este martes en el Boletín Oficial de Salta.
La denominada “pauta de antieconomicidad” pasó de 10 a 15 IUS. Esto representa una suba del 50% del parámetro expresado en esa unidad, aunque no debe interpretarse como un aumento fijo en pesos, ya que el valor del IUS se actualiza. La resolución fundamentó el cambio en la inflación registrada desde que se fijó el criterio anterior y en las actuales condiciones económicas.
Para los perjuicios que no superen los 15 IUS, la norma dispone que, luego del dictamen del área jurídica de la Sindicatura y siempre que las circunstancias del caso lo justifiquen, las actuaciones podrán ser devueltas al organismo de origen. El texto señala además que esa pauta permite a Fiscalía de Estado no iniciar una acción de cobro cuando el costo administrativo y judicial resulte desproporcionado frente al monto que se pretende recuperar.
La resolución aclara un punto central: no se perdona automáticamente el perjuicio ni desaparece la responsabilidad de quien lo hubiera causado. Los organismos provinciales mantienen la obligación de aplicar las sanciones administrativas que correspondan y realizar las gestiones de cobro pertinentes según cada caso. Lo que cambia es exclusivamente el parámetro utilizado para evaluar si, además, resulta razonable avanzar con una acción judicial.
