Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el concejal de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos, se refirió a la condena de siete años de prisión contra el exintendente Ernesto Fernando "Kila" Gonza por delitos contra la administración pública, y describió un escenario de “total oscuridad” durante su gestión al frente del municipio.
Según relató, durante esos años “no se podía ver un número” y el funcionamiento del Ejecutivo municipal era “totalmente turbio”, con manejo de dinero en efectivo y sin registros formales. En ese sentido, remarcó que estas prácticas están prohibidas por la ley y que impedían el control institucional.
Dávalos también denunció que el Concejo Deliberante fue objeto de presiones cuando él ejercía la presidencia del cuerpo. Afirmó que durante más de ocho meses no recibieron fondos, en lo que calificó como una maniobra de apriete por los pedidos de informe que realizaban ante irregularidades detectadas. “Cortaron la luz, el gas, el agua, hubo amenazas”, sostuvo.
En relación a la causa judicial, mencionó el testimonio de un exdirector de Tránsito, quien indicó que existía un sistema irregular para la emisión de licencias de conducir. Según explicó, se habrían otorgado más de 1.500 carnets con una doble facturación: una boleta oficial por montos simbólicos —de 0,01 centavo— para auditorías, mientras que a los contribuyentes se les cobraba el valor real, dinero que no ingresaba a las arcas municipales.
El edil señaló que este mecanismo no solo involucraba a figuras conocidas, sino que formaba parte de un sistema más amplio de desvío de fondos públicos. “La gente pagaba su carnet, pero esa plata desaparecía”, afirmó.
Otro de los hechos mencionados fue la compra de una camioneta Chevrolet y un equipo de GNC que, según indicó, nunca fueron incorporados al patrimonio municipal. “No se encontró ni la camioneta ni el equipo, y el exintendente nunca los devolvió”, aseguró.
Además, Dávalos sostuvo que se detectaron movimientos de dinero vinculados a campañas políticas, como la extracción de fondos del Ejecutivo para esos fines, lo que consideró parte de un manejo “irregular” de los recursos públicos.
Finalmente, el concejal consideró que la condena fue “corta” en relación a la gravedad de los hechos denunciados. “Hay gente presa por robar una bicicleta o un celular y recibe penas mayores. Acá se llevaron un municipio entero”, expresó, y planteó la necesidad de impulsar sanciones más severas para funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción.
