Es que el IPC influye en la actualización de jubilaciones, alquileres, contratos indexados, asignaciones sociales y bonos CER. También determina políticas económicas y tasas de interés del Banco Central. Y un rubro sensible es el ajuste de salarios en base a su evolución.
Aunque no desplaza el interés que despierta la negociación de la modernización laboral que se trata en el Congreso nacional, no hay dudas que es un dato sobresaliente de esta semana. Más allá de la significación de la renuncia de Marcos Lavagna a la titularidad del Instituto de Estadísticas y Censos debe atenderse la decisión de la administración libertaria de seguir postergando un cambio que preserve el valor de la medición de la evolución de precios en la Argentina. El Ministro de Economía quiso bajar el tono a los cuestionamientos indicando que es una cuestión técnica que, en realidad, es la razón por la cual el hombre común no se explica la caída del valor adquisitivo de sus ingresos cuando el gobierno señala como un logro el freno de la inflación.
A poco andar irá desapareciendo de los debates mediáticos pero nuevamente se deberá transitar un largo camino para recuperar la confianza en ese índice, tanto a nivel nacional como internacional. En lo inmediato se discutirá su validez como dato objetivo para ajustar salarios, que se están discutiendo en paritarias de distintos sectores laborales.
Por caso, se han convocado para el 12 de este mes las paritarias para definir la recomposición salarial de los trabajadores estatales de la provincia. En sus seis años de gestión, el gobernador Gustavo Sáenz sostuvo su decisión de acompañar y si es posible superar la evolución de la inflación. Tal propósito quedó postergado en 2025 cuando el acuerdo cerrado con los gremios del sector público estableció un aumento del 23%, por debajo de la inflación del 31,5%. El pago de un bono no remunerativo, acordado en la revisión del último trimestre, formó parte del esfuerzo sindical por contribuir a una paz social que -a juicio de la CGT de Salta- es solo un relato.
Dos datos anticipan el curso que tendrá la paritaria, que se abrirá cuando el proyecto de ley de reforma laboral tenga la media sanción del Senado y esté develada la profundidad de las modificaciones de las que activamente está participando el mandatario salteño. El principal es el planteo que sostendrá la ADP, principal gremio docente, que anunció que insistirá en pedir que se cubra el desfase del año anterior -más de 8 puntos respecto de la inflación anual- y se restituya la compensación que la administración provincial pagó desde que el Gobierno nacional retiró el Incentivo Docente.
Otro dato es la disposición del Ejecutivo provincial de retirar de la discusión a SITEPSA, un gremio que suele replicar parte de los reclamos que formulan el sector llamado de los Autoconvocados, marginados de la representación gremial formal. La exclusión ya se había registrado en la segunda etapa de negociaciones del año pasado y -más allá de cuestiones formales- los funcionarios no desconocen que serán los portavoces de la crítica al posicionamiento político del mandatario, que lo ubica cercano a la administración de La Libertad Avanza.
Puesto en dudas el IPC, el dato que impactará en las discusiones salariales será el valor de la canasta básica alimentaria, que miden consultoras privadas y que ubican a Salta entre las cinco provincias más caras del país. Su costo en diciembre fue cercano a los 850 mil pesos, cuando el sueldo básico de un docente apenas supera los 700 mil.
Soplan vientos de conflictividad.
Salta, 05 de febrero de 2026
