Cuentas

El proyecto de ley impulsado por el oficialismo para modificar las condiciones de ingreso al sector pasivo del Instituto Provincial de Salud no fue tratado por la Cámara de Diputados. Tampoco se explicaron las razones de su postergación. La iniciativa pretendía exigir diez años de afiliación ininterrumpida antes de la jubilación, con el argumento de preservar los recursos de la institución y corregir desigualdades entre quienes aportaron durante su vida laboral y aquellos que se incorporan al sistema al retirarse.

El planteo tiene fundamentos atendibles. Durante años, disposiciones del propio Estado provincial permitieron que determinados funcionarios, particularmente del Poder Judicial, optaran por otras coberturas médicas. Algunos decidieron incorporarse al IPS cuando se aproximaba el momento de jubilarse. Es razonable preguntarse si ese mecanismo respeta el principio de solidaridad sobre el que se sostiene la obra social. Sin embargo, quienes utilizaron esa posibilidad no hicieron otra cosa que acogerse a una excepción legalmente admitida. No parece justo que la corrección de una decisión estatal recaiga exclusivamente sobre ellos, precisamente cuando concluye su actividad laboral.

La revisión del régimen debería comenzar por las condiciones de afiliación durante el ejercicio de las funciones públicas. Si se considera que existen privilegios injustificados, corresponde modificar las normas que los autorizan y establecer mecanismos de adecuación razonables. Imponer una restricción general al momento de la jubilación, sin contemplar situaciones particulares, puede terminar afectando a trabajadores que no tuvieron responsabilidad alguna en la creación de esas excepciones.

Pero existe una cuestión anterior que no puede soslayarse. El IPS fue intervenido en febrero de 2025, cuando acumulaba una deuda cercana a los 25 mil millones de pesos y los conflictos con los prestadores comprometían la atención de los afiliados. Desde entonces se anunciaron auditorías, controles y una reducción de las obligaciones pendientes. No obstante, sigue faltando una exposición pública integral que permita establecer cómo evolucionó el endeudamiento, qué gastos fueron corregidos, cuáles se eliminaron y en qué medida se modificaron las condiciones que provocaron el desequilibrio.

El presidente del organismo, Martín Baccaro, reconoció que los gastos mensuales oscilan entre 32 mil y 35 mil millones de pesos, frente a ingresos de entre 27 mil y 29 mil millones. La diferencia requiere asistencia provincial y persisten atrasos en los pagos. El funcionario también relativizó el ahorro que podría generar la reforma legislativa, al señalar que son pocos los casos involucrados y que la cuestión tiene una dimensión más ética que económica. Un dato que obliga a reconsiderar la utilidad de la medida como respuesta a la crisis financiera.

Es necesario asegurar la sustentabilidad del IPS y evitar que unos afiliados soporten cargas que otros eluden. Pero ese objetivo requiere información suficiente, estudios sobre el impacto de las decisiones y una discusión legislativa responsable. No se pueden presentar restricciones de derechos como soluciones financieras sin demostrar antes su eficacia ni explicar qué ocurrió con los recursos administrados.

La equidad debe alcanzar tanto a los beneficiarios como a quienes conducen el sistema. Antes de exigir nuevas condiciones a los futuros jubilados, corresponde que el Estado rinda cuentas de su propia gestión.

Salta, 28 de octubre de 2026.