Ivana Chañi
El abogado de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), Leonardo de Almeida, ratificó que el amparo colectivo presentado por vecinos de Vaqueros fue clave para destrabar el inicio de la obra del puente y la nueva traza de la Ruta Nacional 9.
En declaraciones a Pasaron Cosas, el letrado sostuvo que si bien la decisión de cuándo y cómo ejecutar la obra corresponde al Poder Ejecutivo, la justicia puede intervenir “cuando se ven afectados derechos de los ciudadanos”. En este caso, dijo, se vulnera el derecho a la libre circulación, con consecuencias graves para la seguridad y la salud.
De Almeida recordó que antes de la acción judicial hubo familias que tardaron hasta siete horas para recorrer los 15 kilómetros entre La Caldera y Salta. “Es una locura, y además en caso de un incendio o una urgencia médica el pueblo queda aislado”, advirtió.
Consultado sobre la postura de Vialidad Nacional, que pidió declarar abstracto el amparo por haber comenzado la obra, el abogado fue categórico: “Es contradictorio. Nosotros no pedimos solo que inicie, sino que concluya en término y con los fondos necesarios”.
Según informó, Vialidad reconoció que el proyecto tiene un plazo de ejecución de dos años, hasta marzo de 2027, pero en seis meses solo se avanzó un 14%. “A este ritmo no van a cumplir. Ya anuncian nuevas neutralizaciones en época de lluvias”, señaló.
El abogado destacó que la intervención judicial permitió que la obra se reactive: “De todas las obras demoradas en la provincia, la única que empezó fue esta, y comenzó 15 días después de que iniciamos el amparo. Para algo sirve la acción ciudadana”.
Finalmente, De Almeida remarcó que el expediente debe continuar para que la jueza controle los avances y se garantice la financiación. “No confiamos en la palabra de Vialidad, porque si hubiera buena fe la obra habría comenzado antes. Por eso pedimos que se abra a prueba y que un perito independiente verifique los progresos”, concluyó.
