De Jujuy a Santa Cruz y de San Luis a La Pampa fue coincidente la demanda de tener datos precisos sobre una situación que está generando severos problemas en cada una de las provincias. Un extenso debate no dejó resquicios respecto de una problemática que de manera individual o regional viene siendo planteada desde la asunción del actual gobierno, cuyo titular comprometió en la campaña electoral el retiro del Estado de esa actividad, en la convicción que es el sector privado el más idóneo, capacitado y equipado para desarrollar la obra pública.
A 16 meses de tomar las riendas de la conducción nacional, La Libertad Avanza dejó 3.500 proyectos inconclusos, perjudicó a 1.400 empresas de la construcción y generó la pérdida de 100.000 empleos directos. Las cifras fueron expuestas por el presidente de la Comisión de Obra Pública de la Cámara baja nacional, sobre un dictamen que esperó su tratamiento en el recinto desde noviembre pasado.
Es el trazo grueso de los graves efectos de una política que solo se flexibiliza cuando las obras sirven de figuritas de intercambio; por ello se ha reconocido la necesidad de contar con la nómina completa de obras en ejecución financiadas por el Gobierno nacional en todo el país, además desconocer cuántos proyectos fueron paralizados, neutralizados y suspendidos desde diciembre de 2023 a la actualidad. Se pretende información respecto de cuántas de esas obras corresponden a universidades, escuelas, hospitales, viviendas e integración socio urbana de barrios, cuáles son los porcentajes de avance financiero y físico alcanzado, además del origen de su financiamiento, entre otros aspectos sobre los que se demandó información.
En el debate tomó cuerpo la importancia de la obra pública en la vida de los pueblos. En las exposiciones se escucharon conceptos que la vincularon con el desarrollo y con el federalismo. Se subrayó que la inversión en la materia no es un gasto sino una decisión estratégica, a la vez que se planteó que el abandono que se manifiesta actualmente en cualquier punto del territorio es consecuencia de un retraso que se venía arrastrando de la gestión anterior y que se convirtió -sin consideración alguna- en una parálisis total. De allí que las pretensiones se redujeron a mantener lo básico, que cubra la necesidad de seguridad, conectividad, empleo y desarrollo.
De todas maneras, se entiende que no es una política de largo plazo. Componer el superávit a costa de la afectación de capital es insostenible en el tiempo. Por otra parte hay impuestos que se recaudan con destino a la obra pública y debe controlarse que no hay desvíos.
La otra cara de la suspensión de la obra pública es su carácter extorsivo. Salta es el ejemplo de una conducta que suele justificarse en la necesidad de dos partes de realizar acuerdos de mutua conveniencia.
Esta semana abrió con el anuncio del gobernador Gustavo Sáenz de la reactivación de las obras viales comprometidas por Nación para Salta durante los próximos meses. Son parte de una extensa nómina de trabajos cuyo inicio está previsto hasta principios de mayo próximo aunque había sido convenida casi un año atrás. En ese lapso puede señalarse el apoyo para la sanción de la ley de bases y el rechazo a dos vetos que perjudicaron a jubilados y a universidades.
El anuncio del pasado lunes tuvo su reflejo en la ausencia de los tres diputados saencistas a la sesión de este martes, en la que se aprobó la integración de una comisión investigadora y la interpelación a la plana mayor del gabinete libertario. Hay 30 días por delante para confirmar que esta vez sí vendrán las obras.
Salta, 09 de abril de 2025
