Frente a ese panorama no hay una concurrencia efectiva del gobierno nacional en áreas de su competencia, como la de conectividad vial; por el contrario, se anunció su retiro.
A través de declaraciones periodísticas, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, indicó que tomó conocimiento que la intención de la administración de La Libertad Avanza es la de cerrar todas las obras viales en el interior del país. La novedad fue comunicada a los gobiernos provinciales por la Dirección Nacional de Vialidad, que por nota dio cuenta de la orden de paralización de todas las obras viales que se encuentran en ejecución cualquiera sea su estado de avance; ello incluye el mantenimiento de las mismas.
La instrucción abarca todos los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en las rutas a privatizar, como así también aquellos que hayan sido celebrados por obras fuera de la Red Vial Concesionada. La razón que se esgrime es el contexto económico, que torna inviable la continuidad de los trabajos y se advierte que el fin de los contratos debe realizarse de forma tal de evitar litigios administrativos y judiciales.
El Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina, reveló que entre el 67% y el 70% de la red vial nacional se encuentra en regular y mal estado. Oportunamente, el ministro Camacho había informado que hay diez tramos de rutas que requieren obra nueva e importante, a la que debe sumarle el mantenimiento.
Ante esa situación, el gobierno central ya había señalado que se analiza la privatización de los corredores más rentables; es una alternativa que la Provincia no descarta, por la restricción en la asistencia financiera nacional. La caída en un 80% de la misma, que afecta no solo la obra pública en general y que fuera subrayada por el gobernador Gustavo Sáenz en su mensaje a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, extrema los esfuerzos propios para atender urgencias.
Es el responsable de Infraestructura el que permanentemente advierte sobre el incumplimiento del acuerdo que se firmó en junio de 2024 con el gobierno nacional sobre obras en educación, hábitat y obra pública. La cuestión vial ya estaba mostrando los efectos del abandono, especialmente en las rutas de la producción, como la 51 en la Puna y la 34 en el norte y el sur de la Provincia. Ello llevó a que en los incidentes de los últimos días, por aludes e inundaciones, fue la Provincia la que debió colaborar con Vialidad Nacional, asistiendo con maquinaria.
En lo inmediato no se debe esperar que haya un cambio de actitud por parte del gobierno de Javier Milei. La prueba es la catástrofe de Bahía Blanca cuya reconstrucción, se estima según los primeros cálculos, en 300 mil millones de pesos. La Nación ha girado 10 mil millones, además de algunos recursos aportados a través del sistema de Seguridad y Defensa.
El Jefe de Gabinete aclaró que la reconstrucción de la ciudad es un tema del municipio y de la provincia de Buenos Aires, las que deben tener un plan para hacerlo, y el gobierno nacional colaborar. No debiera esperarse otra actitud porque, tal como ratificó Guillermo Francos, se trata de una concepción política y filosófica del presidente Milei, quien entiende “que el Estado no tiene que hacerse cargo de las obras, sino que es tarea de los privados”.
Esa concepción, en la realidad de hoy, da razón al pedido del gobierno bonaerense en orden a replantear públicamente la obra pública, encuadrada en la obligación y responsabilidad de cada jurisdicción. Es otra tarea que deberán asumir los defensores del federalismo.
Salta, 11 de marzo de 2025
