Varias áreas de gobierno acompañan el proceso que está en cabeza del Ministerio de Educación que, en definitiva, carga con la responsabilidad de un sistema que tiene notorias falencias.
La cartera de Economía concurre con el aporte de los recursos que demanda la puesta a punto de la infraestructura, que se integra con más de 2 mil establecimientos de gestión estatal. Además, lleva la voz cantante en el proceso de determinación de los salarios docentes, que se están negociando.
El Ministerio de Infraestructura tiene un rol protagónico, por cuanto el estado de los edificios y de los servicios que demandan para un funcionamiento adecuado, muestra serias fallas. La falta de mantenimiento adecuado de los establecimientos educativos fue notoria en en el ciclo lectivo 2024, que incluso sumó la paralización de la participación nacional en la construcción de nuevas escuelas. La mudanza transitoria de la centenaria Escuela Sarmiento por la presencia de monóxido de carbono de origen poco claro o la caída de mampostería en una escuela técnica de Metán tras un temporal de lluvia y viento, son apenas menciones de casos que suceden con más frecuencia de lo que sería conveniente. En tanto, en la Justicia transita el caso de Valentín Guzmán, un niño que en mayo pasado murió al caer a un pozo séptico en una escuela del municipio de La Poma.
En este tiempo se despliegan las tareas de puesta a punto de los espacios que se poblarán de miles de niños y adolescentes que transcurren horas fundamentales para su desarrollo intelectual, físico y emocional. Son tareas menores pero que tienen una probada incidencia en el trámite normal de la actividad escolar; por caso, no se desconoce que en no pocas ocasiones se suspendieron las clases por el mal funcionamiento de los sanitarios.
El Ministerio de Salud, por su parte, despliega las tareas de certificación del estado de salud de los estudiantes al momento del inicio de clases y el control y cumplimiento de la vacunación según las franjas etarias.
Pero el Ministerio que dirige Cristina Fiore centraliza un amplio abanico de tareas, que van desde los planes para trabajar en los ejes de la política educativa a la cobertura de cargos docentes, que constituyen una compleja trama que va más allá de su asignación por puntajes, pasando por una organización administrativa que no abandonó su estado pre digital. En una sucesión de reuniones de las que participan los directivos se trabaja en aspectos vinculados al calendario, exámenes, inscripciones, infraestructura, documentación, extensión de jornada, alfabetización, fortalecimiento de las trayectorias educativas y acuerdos escolares de convivencia. Esta enumeración da cuenta de la complejidad de un sistema que padece la deserción, la violencia en las relaciones internas y debe cubrir demandas de alimentación a través de comedores escolares y la copa de leche.
El rendimiento intelectual sigue reclamando la atención especializada, para superar la baja calificación que alcanzan los alumnos en las pruebas nacionales o internacionales de evaluación. Y la pobreza impacta notoriamente; entre los estudiantes del último año de secundaria en situación de pobreza en la Argentina, sólo el 14% tiene buen desempeño en la prueba Aprender. En cambio, los estudiantes de mayor nivel socioeconómico triplican ese rendimiento.
Pese a ello, por estas horas se discute si se debe postergar el inicio de las clases previsto para el 24 de este mes. La medida fue sugerida por el Ejecutivo nacional a todas las jurisdicciones con el fin de favorecer al turismo. La Ley 25.864,sancionada en 2003, fija un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase, para los establecimientos educativos de todo el país de todos los niveles.
Salta no logra cubrir esa exigencia y es la sociedad la que debe hacerse cargo deese incumplimiento.
Salta, 12 de febrero de 2025
