En Aries, el Vicerrector dijo que no hay nada formalizado y puso en duda el anuncio de la Administración libertaria.
Educación22/05/2024
Ivana Chañi
Hace poco más de un mes las universidades nacionales enviaron un contundente mensaje al gobierno nacional de Javier Milei en defensa de la universidad pública con una masiva marcha federal para denunciar el ajuste presupuestario.
La unidad que mostraron los rectores de las Casas de Altos Estudios de todo el país empezó a mostrar fracturas ya que el Gobierno arregló con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las demás se quedaron con las manos vacías.
Ayer martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia habitual, anunció que se llegó a un acuerdo con el Consejo Universitario Nacional (CIN) en torno al 270% de aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento.
Al respecto, el vicerrector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Nicolás Innamorato, fue contundente: “No existe ningún acuerdo con el Gobierno nacional”. A lo que agregó que se debe interpretar como “una decisión unilateral” que se anunció pero que, aún, no se materializó.
“No puedo afirmar de que esto se vaya a llevar a cabo”, expresó el Vicerrector, reconociendo que tiene dudas.
Innamorato compartió impresiones del acuerdo del Gobierno con la UBA y lamentó la “visión unitaria” que aseguró tiene su fundamento en el centralismo y el despojo del federalismo que muestra Casa Rosada.
“Las universidades nacionales son 61, y 60 han quedado al lado de un arreglo”, aseveró y subrayó que dicho acuerdo garantiza un 270% para gastos de funcionamiento, más un 300% para financiar los hospitales universitarios.
“Este acuerdo lo hicieron unilateralmente olvidándose del resto de las universidades”, se lamentó.
En otro orden, sobre la realidad de la UNSa, el Vicerrector señaló que con ese 270% - de efectivamente aplicarse – “ajustaría los gastos de funcionamiento” para terminar el ciclo lectivo 2024, pero advirtió que se ha quedado muy lejos del ajuste inflacionario real, calculando una diferencia promedio del 330%.
Asimismo, Innamorato, remarcó que no se contemplan las obras que están paralizadas en las universidades, los sueldos de los empleados, el fomento de la investigación y las actividades de extensión universitaria.
“Queremos ser positivos y tener la ilusión de que este 270% se va a materializar en el corto plazo”, concluyó el vicerrector de la UNSa, Nicolás Innamorato, en Aries.
Según se informó por Aries, se deberá reprogramar la evaluación en dos escuelas de San Martin ya que "la lluvia ha impedido que los alumnos lleguen". Los resultados estarían en mayo del 2025 y se augura continuar con la tendencia de mejora en lengua.
En su plan piloto funcionará en cuatro escuelas. Se proyecta sumar más establecimientos para el próximo ciclo lectivo.
En la primera etapa de implementación funcionará en 4 escuelas a modo de prueba piloto, pero se proyecta sumar nuevos establecimientos para 2025.
Hoy martes se realiza una nueva marcha universitaria en el marco del plan de lucha contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.
La vicedecana de la Facultad de Humanidades planteó, además, un inquietante problema que enfrentan las carreras de Ciencias Sociales, advirtiendo una “estigmatización”.
La Facultad de Humanidades de la UNSa registra un 50% de deserción en su primer año, atribuido a dificultades económicas y sociales, indicó la vicedecana.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
