Fuentes gubernamentales señalan que, en algunos casos, esos rubros igualan o superan el básico de los sueldos. La respuesta de los sindicatos.
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Un nuevo desafío se presenta para el Gobierno en relación con los sindicatos estatales: una auditoría destinada a reducir las horas extras y los adicionales percibidos por muchos empleados públicos, los cuales, según se sostiene, en algunos casos superan el monto del salario básico.
"El problema radica en que actualmente la mitad de los salarios en el sector no superan la línea de pobreza", explicó una fuente de ATE consultada.
Desde la perspectiva de los sindicatos estatales, esto sería un nuevo "movimiento estratégico" por parte del Ejecutivo, aunque de ninguna manera modificaría la dinámica en su "batalla" contra el déficit fiscal.
Asimismo, se mencionó el caso del decreto 84, que ordena la reducción de los contratos firmados en 2023 y que, según las primeras estimaciones, no afectaría a los 7 mil notificados oficialmente debido a las excepciones incluidas en el congelamiento dispuesto por la breve gestión de la ministra Silvina Batakis (Economía) en 2022.
La auditoría, encargada por el mencionado decreto, ha identificado casos de empleados estatales con ingresos de $450 mil, de los cuales la mitad correspondería a horas extras y otros conceptos adicionales en la composición salarial.
Estos empleados, pertenecientes a "categorías bajas" en la Secretaría General de la Presidencia, Jefatura de Gabinete, o el Ministerio de Economía, incluyen choferes, mozos, personal de seguridad y administrativos. Por ejemplo, se menciona el caso de un agente que recibe $473 mil netos, con un sueldo básico de $178.225 y una "compensación" de $162 mil, entre otros suplementos que componen su salario.
Todos ellos están sujetos a contratos que actualmente están siendo revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete, coordinado por Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado, y Martín Bocacci, subsecretario de Modernización.
Al parecer, el plan gubernamental busca reducir o establecer límites en el pago de horas extras y otros suplementos con el objetivo de disminuir el gasto. "El inconveniente es que, si les quitan estos adicionales, los salarios serían insuficientes. La situación es tan precaria que muchos empleados no buscan ascender en su carrera porque ganarían menos al perder la parte adicional", reconoció un dirigente de UPCN consultado.
La preocupación crece entre los trabajadores estatales, quienes temen ver reducidos sus ingresos en un contexto de elevada inflación. "Quieren que trabajemos 6 horas para no pagar extras", se quejó un custodio que suele desempeñarse en un edificio público en el microcentro.
En los gremios, existe la sospecha de que, si el Gobierno no logra avanzar con la reducción de la planta estatal mediante la eliminación de diversos organismos, en caso de que el paquete de leyes propuesto al Congreso para privatizar 41 empresas públicas se vea obstaculizado, se buscará reducir el gasto mediante la licuación de los salarios. "Pero la cantidad destinada a salarios en el Estado es insignificante. Sería un gesto simbólico avanzar en esto", señaló el gremialista de ATE.
En este contexto, los sindicatos estatales reconocen que actualmente están luchando para revisar varios casos de despidos contemplados en el decreto 84. Y es probable que continúen las negociaciones paritarias con el Ejecutivo una vez conocido el índice de inflación de diciembre. "No es lo mismo un 25% que un 30% de IPC. Sin embargo, lo que ofrezcan no será un aumento, sino un intento de recomponer ingresos", concluyó, de manera pesimista, el dirigente de UPCN.
Con información de IProfesional
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