Decisión

Esta semana se concretará el desguace del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia. La supercartera del Poder Ejecutivo cederá parte de su competencia al Ministerio de Seguridad, cuando asuma en su titularidad el actual Procurador de la Provincia. Esta decisión fue comunicada por el propio Gobernador, quien trató de morigerar su impacto por la cadena de movimientos que ha generado.

Opinión 25/10/2021

Legislatura Salta-640

La Constitución de la Provincia, en su Artículo 140 –uno de los que será objeto de reformas que encara la Convención Constituyente- le da al titular del Poder Ejecutivo la función de formular y dirigir las políticas de la Provincia y representar a la misma. El Gobernador es el Jefe de la administración centralizada y descentralizada y como tal nombra y remueve por sí solo a los ministros, funcionarios y agentes de la Administración.

La organización que Gustavo Sáenz dio a la estructura del poder que ejerce fue aprobada a poco de asumir el Gobierno Provincial, en diciembre de 2019, a través de la ley  8171. Dispuso la creación de nueve ministerios, además de otros cargos transversales, como las Coordinaciones Administrativa de la Gobernación y de Enlace y Relaciones Políticas, que se sumaron la Secretaria General de la Gobernación.

Es el Artículo 16 el que fija las competencias comunes de las carteras que integran el Gabinete, que van desde cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Nación, de la Provincia y la legislación vigente, refrendar con sus firmas los actos del Gobernador de la Provincia, elaborar los proyectos de Ley que el Gobernador presente a la Legislatura Provincial, velar por el cumplimiento de las decisiones del Poder Judicial a actuar en defensa de los derechos del y confeccionar la memoria anual detallada del estado general de sus organismos dependientes.

La última reforma de la ley  de ministerios creó el de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, una estructura muy amplia que desde la asunción del actual Gobernador está en manos del ingeniero Ricardo Villada. Entiende en todo lo inherente al afianzamiento de las instituciones democráticas y republicanas, al incremento de la participación popular en todas las manifestaciones de la vida estatal, al mantenimiento del consenso de la sociedad civil con la gestión oficial, a la transmisión de las inquietudes de aquella al seno del  y a las políticas referidas a los Derechos Humanos. Asimismo, establece las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Precisamente esta incumbencia es la que le será sustraída para que quede a cargo del Ministerio de Seguridad.

No es una tarea menor ya que se trata, entre otras obligaciones  entender en la designación de magistrados del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público, en los indultos y conmutación de penas y en la elaboración de anteproyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia. Se sumará a las que ya les son propias a esa cartera, que incluye entender en  el ejercicio del poder de policía de seguridad, en lo referido a la prevención de delitos y contravenciones, al mantenimiento de la seguridad interna y a las relaciones con las fuerzas de seguridad de la Nación y de otras Provincias. Otras funciones vinculan a esta cartera con la violencia de género y la seguridad vial.

Por esos carriles deberá transitar el abogado Abel Cornejo, quien cuenta entre sus antecedentes el de haber sido Juez de la Corte de Justicia; es experto en asuntos constitucionales y un historiador del Gral. Güemes. La situación del área que quedará a su cargo obligará a que muestre de inmediato el acierto del Gobernador en su decisión.

Salta, 25 de octubre de 2021

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