Se destacó en Diputados el encarcelamiento de un ex intendente condenado por delitos de corrupción. No es una situación frecuente pese a la cantidad y gravedad de causas similares que en la Justicia se acumulan sin resolución.
Opinión27/03/2024
El jueves último el Tribunal de Impugnación confirmó la condena a seis años de prisión impuesta a Manuel Cornejo, exintendente de Campo Quijano, por el delito de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario. A seis meses de que fuera juzgado y condenado, seguía en libertad pese a que en el marco de la causa iniciada en 2020 por su sucesor en el gobierno comunal, había pruebas contundentes de las irregularidades cometidas en la última de sus sucesivas gestiones. La apelación presentada en contra de la condena la tramitó en libertad pero en cuanto se produjo el rechazo, fue trasladado al penal de Villa Las Rosas.
Esta circunstancia reactualizó la situación de intendentes, alrededor de una docena en la última década, algunos de los cuales ya han sido condenados; otros están a la espera que se fije fecha de juicio. Un caso es el del ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, quien -junto a otras otras diez personas- está acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Al respecto, desde el Ministerio Público Fiscal se hizo notar que se sigue aguardando que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije la fecha de inicio de juicio, que fuera requerido en octubre de 2022 y dispuesta su elevación en julio de 2023. La demora no se condice con el perjuicio generado a Salvador Mazza, que se estimó al momento de abrir la causa en unos 250 millones de pesos a valor de 2021.
Hay otros casos resonantes que tienen aristas inquietantes porque demuestran que la legislación vigente no es suficiente para una resolución oportuna que evite, por ejemplo, que los acusados vuelvan al escenario de sus delitos. En ese orden puede mencionarse a Julio Jalit, denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y peculado, entre otros delitos como intendente de Pichanal. En julio pasado se integró el tribunal que debe juzgarlo junto a otras nueve personas pero no se fijó fecha de audiencia y uno de sus vocales renunció; es Edgardo Laurenci, acusado de dejar escapar a un sicario. Dos meses antes, Jalil ya se había asegurado nuevamente el ejercicio de la intendencia, cargo que lleva adelante sin estridencias.
Un poco más de ruido hace el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, imputado por el desvío de fondos públicos girados por el gobierno nacional. La causa se abrió cuando estaba blindado por los fueros de senador. Sin agotar la nómina de acusados vale sumar al intendente de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, quien fue elegido pese a que tiene en suspenso un juicio por robo y privación ilegítima de la libertad cuando ocupaba una banca en Diputados.
La referencia en la Cámara baja no hizo mayores señalamientos, ni siquiera que hace una semana dio media sanción a una reforma de la ley de ficha limpia que está vigente desde 2021 para ir bajando la corrupción en la administración pública. No sirve aun para ese propósito ni para acercar la política a la gente.
Salta, 27 de marzo de 2024
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