El intenso trabajo en comisiones ha permitido poner a los proyectos de ley que demanda el Ejecutivo Nacional en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo lunes.
Opinión26/04/2024
Fue tarea de los conductores de las distintas bancadas que entendieron la necesidad de acercar posiciones para aliviar la carga de los Ejecutivos. En el debate de la próxima semana se dirá la última palabra.
Si se cumple lo acordado en intensas y extensas negociaciones estaría expedito el camino para llegar a un acuerdo entre Nación y Provincias con gobiernos de distintas fuerzas políticas. No todos los escollos están salvados y los puntos que deben resolverse pondrán a prueba la voluntad de pactar reformas que se muestran como una nueva oportunidad para terminar una crisis recurrente. Es lo que se escuchó en los debates que este jueves permitieron que tanto el proyecto de ley de bases como el de medidas fiscales, paliativas y relevantes tuvieran sus respectivos dictámenes de mayoría.
Tanto el oficialismo como la oposición tuvieron que hacer significativas cesiones para intentar nuevamente dar sanción a ambas iniciativas. Fueron planteadas como herramientas imprescindibles para imponer políticas que sirvan a un proyecto innovador que la ciudadanía eligió para producir cambios en distintas áreas; al menos, que se elimine la inflación y haya una administración racional de recursos públicos.
En general, las dos leyes tienen acompañamiento mayoritario; en particular, ese apoyo debe resolver disidencias que no son menores. En el caso de la ley de bases, y solo a modo de ejemplo, se debe señalar que el capítulo de reforma laboral no satisfizo a los libertarios, que dejaron en mano de los radicales la formulación de la propuesta final atento a que muchos de sus propósitos reformistas sucumbieron en la Justicia, cuando fueron incluidos en en el DNU 70. Por su parte, la propuesta de la UCR sobrevivió en una versión mínima que no rozó los considerados privilegios sindicales. La intención de sostener la reforma impositiva en materia de tabaco también plantea disidencias.
Respecto de la ley fiscal, se avanzó en el blanqueo, moratoria, reforma para Bienes Personales y la modificación del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, quedó en pie la eliminación del monotributo social.
Se trata de una política pública que existe desde 2004 y contiene a personas en situación de vulnerabilidad social que realizan una actividad económica en el marco de la economía popular y del desarrollo local. Son más de 610 mil monotributistas sociales que estarían siendo enviados automáticamente a la informalidad si se aprueba el texto acordado por la mayoría que integran los oficialistas, los radicales, los macristas, los peronistas no kirchneristas y algunas expresiones provinciales.
Este grupo se integra por mujeres jefas de hogar abocadas a las tareas del cuidado y la producción de alimentos en el marco de comedores y merenderos; trabajadores de la agricultura familiar, cooperativistas y titulares de programas sociales que desempeñan tareas de servicios urbanos, a los que esta categoría tributaria les ha permitido emitir facturas, jubilarse y poseer obra social. Pagan un costo mínimo de 3 mil pesos y para sostenerse en la formalidad deberán abonar sumas superiores a los 26 mil.
Son cuestiones de peso social, económico y político indudable. También lo son las demandas de los gobernadores y la decisión del gobierno nacional de cambiar las reglas de juego a fondo.
Salta, 26 de abril de 2023
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Luego del incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, los propietarios deberán recomponer una pyme familiar con equipamiento perdido y un galpón arrasado.
El Gobernador Sáenz recibió a ejecutivos de la minera First Quantum para repasar la planificación del proyecto de cobre, oro y molibdeno. Con más del 80% de empleo y 89% de proveedores salteños ya activos en la etapa de estudios, Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
La Corte Suprema cerró la disputa por el meteorito “Chaco” y determinó que es patrimonio público, rechazando la indemnización reclamada por la empresa dueña del terreno.