Fue tarea de los conductores de las distintas bancadas que entendieron la necesidad de acercar posiciones para aliviar la carga de los Ejecutivos. En el debate de la próxima semana se dirá la última palabra.
Si se cumple lo acordado en intensas y extensas negociaciones estaría expedito el camino para llegar a un acuerdo entre Nación y Provincias con gobiernos de distintas fuerzas políticas. No todos los escollos están salvados y los puntos que deben resolverse pondrán a prueba la voluntad de pactar reformas que se muestran como una nueva oportunidad para terminar una crisis recurrente. Es lo que se escuchó en los debates que este jueves permitieron que tanto el proyecto de ley de bases como el de medidas fiscales, paliativas y relevantes tuvieran sus respectivos dictámenes de mayoría.
Tanto el oficialismo como la oposición tuvieron que hacer significativas cesiones para intentar nuevamente dar sanción a ambas iniciativas. Fueron planteadas como herramientas imprescindibles para imponer políticas que sirvan a un proyecto innovador que la ciudadanía eligió para producir cambios en distintas áreas; al menos, que se elimine la inflación y haya una administración racional de recursos públicos.
En general, las dos leyes tienen acompañamiento mayoritario; en particular, ese apoyo debe resolver disidencias que no son menores. En el caso de la ley de bases, y solo a modo de ejemplo, se debe señalar que el capítulo de reforma laboral no satisfizo a los libertarios, que dejaron en mano de los radicales la formulación de la propuesta final atento a que muchos de sus propósitos reformistas sucumbieron en la Justicia, cuando fueron incluidos en en el DNU 70. Por su parte, la propuesta de la UCR sobrevivió en una versión mínima que no rozó los considerados privilegios sindicales. La intención de sostener la reforma impositiva en materia de tabaco también plantea disidencias.
Respecto de la ley fiscal, se avanzó en el blanqueo, moratoria, reforma para Bienes Personales y la modificación del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, quedó en pie la eliminación del monotributo social.
Se trata de una política pública que existe desde 2004 y contiene a personas en situación de vulnerabilidad social que realizan una actividad económica en el marco de la economía popular y del desarrollo local. Son más de 610 mil monotributistas sociales que estarían siendo enviados automáticamente a la informalidad si se aprueba el texto acordado por la mayoría que integran los oficialistas, los radicales, los macristas, los peronistas no kirchneristas y algunas expresiones provinciales.
Este grupo se integra por mujeres jefas de hogar abocadas a las tareas del cuidado y la producción de alimentos en el marco de comedores y merenderos; trabajadores de la agricultura familiar, cooperativistas y titulares de programas sociales que desempeñan tareas de servicios urbanos, a los que esta categoría tributaria les ha permitido emitir facturas, jubilarse y poseer obra social. Pagan un costo mínimo de 3 mil pesos y para sostenerse en la formalidad deberán abonar sumas superiores a los 26 mil.
Son cuestiones de peso social, económico y político indudable. También lo son las demandas de los gobernadores y la decisión del gobierno nacional de cambiar las reglas de juego a fondo.
Salta, 26 de abril de 2023
