Sin dudas que la cuestión vinculada a uno de los servicios más importantes que presta el Municipio a la población será una tarea excluyente porque hay plazos que se acortan y definiciones de peso que deberán adoptarse. En la sesión del próximo miércoles se propone tratar un proyecto de ordenanza que tiene estado parlamentario desde la última reunión cumplida esta semana. Es la que define las condiciones generales de la licitación pública que se convocará en cuanto estén listos los pliegos.
Se esperaba que esta semana hubiese un visto bueno que permita al Ejecutivo lanzar dicha convocatoria pero el Concejo no observa que la decisión sea tan inminente. Es que desde la Intendencia se supuso que con la conformación de una mesa de trabajo para reunir la opinión de los ediles se transitaba el camino del consenso en torno de la cuestión. Además, se interpretaba que la consulta era más generosa que las disposiciones contenidas en la Carta Orgánica Municipal sobre el papel que debía jugar el cuerpo legislativo.
Lejos de ello, éste se dispuso cumplir con la obligación de conformar el marco general al que deberá ajustarse el diseño de la contratación. Lo acordado hasta el momento para el contenido de los pliegos no le merece al Concejo mayores reparos, al reconocer que –efectivamente- su opinión ha sido tenida en cuenta en algunos detalles. Pero ese acuerdo no acompaña una cuestión que es de fondo y que apareció como la carta escondida en la manga del Ejecutivo.
Desde el Departamento Ejecutivo se pretendía la exclusión del Concejo en la determinación de los lineamientos generales de la contratación. La razón estaba dada en que lo que se va a contratar es una locación de servicio, figura no contemplada entre las tres que determina la Carta Orgánica cuando define la forma en la que la Municipalidad debe prestar un servicio público: o es por sí, por concesión o por un organismo que cree al efecto. El debate del miércoles no se centrará en una cuarta propuesta y si bien será arduo porque hay interés de los ediles en participar, no se visualiza quien puede llevar con solvencia la voz cantante del oficialismo.
La discusión de tono jurídico que se avecina tendrá el lunes un punto importante cuando los miembros del Tribunal de Cuentas visiten la Comisión de Hacienda, que convocó a una reunión ampliada. Es para realizar consultas en tornó de la cuenta referida a la ejecución presupuestaria 2019, el último año de gestión del entonces intendente Gustavo Sáenz, hoy gobernador. Pero será esa la oportunidad de lograr una opinión respecto de esta pretensión de Bettina Romero de establecer la relación con la prestadora del servicio que hoy está en manos de Agrotécnica Fueguina a través de un contrato de locación y no de concesión.
Es una sutileza jurídica, dicen, pero dicen también que el monto de la contratación no está para eso.
Salta, 10 de julio de 2020
