Propiedad privada: Diputados aprobó el proyecto oficialista tras ceder en la ley de tierras

Con modificaciones que obligan a devolver el texto al Senado, la iniciativa blinda los desalojos rápidos y reconoce el lucro cesante.
Política21/10/2026Iván LuisIván Luis

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, tras un tenso debate y con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las banderas legislativas más ambiciosas del oficialismo.

Para lograr la sanción en el recinto, los bloques libertarios debieron aceptar importantes concesiones políticas, entre las que sobresale la decisión de preservar la ley de tierras de 2011 —que limita la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros—, una norma cuya derogación original figuraba en los planes del Ejecutivo pero que debió sostenerse ante el riesgo de una derrota parlamentaria y judicial.

Al haber incorporado cambios sustanciales frente a la media sanción previa, el texto deberá regresar a la Cámara alta para su ratificación definitiva, mientras la agenda del cuerpo continuaba con el tratamiento de las normativas vinculadas a discapacidad.

La normativa aprobada establece un endurecimiento drástico en las condiciones para que el Estado pueda avanzar sobre expropiaciones, exigiendo declaraciones específicas de utilidad pública, el pago previo de indemnizaciones calculadas sobre valores objetivos de mercado y la incorporación del polémico reconocimiento del lucro cesante, cuestionado por encarecer las arcas públicas.

Asimismo, el proyecto introduce juicios sumarísimos para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados —con un acotado plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad— y moderniza los registros de la propiedad inmueble.

Mientras desde La Libertad Avanza defendieron la reforma como un pilar fundamental para garantizar la seguridad jurídica y reactivar las inversiones, los bloques opositores celebraron los retrocesos del oficialismo ante los reclamos institucionales y sociales, advirtiendo sobre el alto costo fiscal que implicará indemnizar a valor de mercado.

(Con información de La Nación)

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