Discapacidad: “Hay un ensañamiento con el colectivo que ya no tiene que ver con números”

En el marco del debate por la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), cuestionó la falta de aplicación de la ley y sostuvo que la situación del sector va más allá de una discusión presupuestaria.

“Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de esta ley impactaría entre el 0,4 y 0,6% del PBI. Es insignificante, no le va a alterar las cuentas al señor Caputo. Necesitamos que se aplique, porque además entendemos que hay un ensañamiento con el colectivo de personas con discapacidad, que esto ya no tiene que ver con números”, expresó.

Reclaman extender la Emergencia en Discapacidad porque la ley “nunca se aplicó”

En ese sentido, señaló que la responsabilidad del Gobierno nacional de sostener el sistema no depende de quién ocupe el Poder Ejecutivo. Además, explicó que las prestaciones contempladas en la Ley 24.901 se financian mediante aportes de distintos sectores y que el Estado nacional no afronta la totalidad de los costos.

“Lo que financia esta ley no es la totalidad, es un cuarto, porque otra parte lo financian los trabajadores con el Fondo Solidario de Redistribución, los trabajadores que están en relación de dependencia. Hay otra parte que lo financia el PAMI, las prepagas y también las obras sociales provinciales”, detalló.

Para Goldman, la discusión sobre el financiamiento está atravesada por la manera en que el Gobierno presenta públicamente la situación de las personas con discapacidad. “Han construido una narrativa, han construido un discurso que se desmorona por todos lados, porque hoy la gente no le cree al Gobierno nacional cuando habla de las personas con discapacidad”, sostuvo.

En particular, cuestionó las auditorías realizadas sobre las prestaciones. Si bien aclaró que las organizaciones están a favor de los controles, consideró que deben garantizarse procedimientos transparentes y señaló que uno de ellos fue invalidado judicialmente por sus inconsistencias.

“Lo único que se pudo probar en el último año son sobreprecios en ANDIS, con estas presuntas coimas del 3% que todos conocimos”, afirmó y también mencionó una auditoría sobre gastos por 158 mil millones de pesos que, según denunció, no contarían con comprobantes que permitan justificar el destino de esos fondos.

Más allá de los cuestionamientos a la gestión nacional, el representante de CAIDIS advirtió que la falta de aplicación de la ley tiene consecuencias concretas para las personas con discapacidad, desde dificultades para acceder a medicamentos hasta la posible interrupción de tratamientos y servicios. “La situación es desoladora y está afectando mucho a personas con discapacidad”, expresó.