Iván Luis
El Poder Ejecutivo formalizó este jueves el envío del proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas a la Cámara de Diputados, una iniciativa de cuarenta páginas impulsada por el asesor Santiago Caputo junto a la Secretaría Legal y Técnica que busca reconfigurar las herramientas del Estado frente a lo que califica como amenazas externas.
El texto, anticipado semanas atrás por el presidente en cadena nacional, ingresó al Parlamento con el objetivo de iniciar su debate en comisiones durante la primera semana de octubre, en paralelo con la discusión del presupuesto nacional, y plantea un endurecimiento histórico de las sanciones contra quienes exploten de manera ilegítima los recursos naturales en el Atlántico Sur.
En su núcleo, la propuesta prevé multas equivalentes a entre 4000 y 500.000 barriles de petróleo, la suspensión de habilitaciones e inhabilitaciones de hasta dos décadas para personas jurídicas, además de penas de prisión de hasta veinte años en los casos más graves de prospección o exploración no autorizada en el lecho y subsuelo del mar territorial y la Plataforma Continental Argentina.
La normativa también amplía su alcance a cualquier actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos, sean o no renovables, y modifica la ley de Defensa Nacional para redefinir el concepto de protección de la soberanía e integridad territorial frente a riesgos estatales y no estatales, tanto cinéticos como no cinéticos.
Asimismo, la propuesta contempla la creación formal de un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional como órgano rector, el cual estará presidido por el propio mandatario e integrado por ministros clave y jefes de inteligencia para coordinar respuestas rápidas ante situaciones de crisis.
Si bien el proyecto ratifica la vocación pacífica de la Argentina y su apego al derecho internacional en el reclamo por las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el Gobierno exigió a la dirigencia política la máxima celeridad en su tratamiento legislativo para dotar al país de un marco normativo duradero que blinde los intereses estratégicos de las generaciones futuras.
