Agustina Tolaba
El diputado provincial José Gauffin expresó su preocupación por la situación financiera que atraviesa el sistema de transporte público del área metropolitana y sostuvo que uno de los puntos que debe revisarse es el costo que paga SAETA por el combustible.
“Tranquilo no estoy porque es un sistema que está frágil desde el punto de vista financiero”, afirmó en Agenda Abierta el legislador, al recordar que desde la llegada del presidente Javier Milei dejaron de existir los subsidios nacionales al transporte, por lo que actualmente el sistema se sostiene con aportes de la Provincia y la recaudación de los boletos.
En ese marco, Gauffin reveló una situación que consideró llamativa: “Ellos compran directamente el combustible a YPF y, sin embargo, pagan más caro que en las estaciones de servicio. Es algo que se debe corregir”. Por ello, planteó que las autoridades provinciales deberían gestionar condiciones más favorables para la provisión del combustible, uno de los principales costos operativos del servicio.
El diputado consideró que la crisis debe abordarse desde distintos frentes y señaló que uno de los problemas centrales es el esquema contractual vigente. Explicó que las empresas tienen garantizado un piso de 8.000 kilómetros mensuales por cada unidad, lo que, según indicó, dificulta la implementación de medidas para optimizar recorridos o mejorar la eficiencia del sistema.
“Si quieren hacer circuitos más chicos o buscar una mayor eficiencia y caen por debajo de ese piso, las empresas protestan”, señaló. Además, cuestionó la falta de claridad en el cálculo del costo por kilómetro que se paga a las prestatarias y sostuvo que “nadie sabe de dónde surge” el valor actual.
Por ese motivo, insistió en la necesidad de renegociar los contratos de concesión, al considerar que las condiciones actuales ya no reflejan la realidad del transporte metropolitano. “El contexto de hace cinco años no es el mismo que hoy. SAETA garantiza la oferta, pero la demanda es totalmente diferente”, afirmó.
Otro de los aspectos que mencionó fue el impacto de los beneficios gratuitos o subsidiados. Según indicó, cerca del 52% de los viajes se realizan bajo algún esquema de gratuidad, por lo que consideró necesario promover un uso más racional del sistema sin afectar el acceso a la educación y otros derechos.
Finalmente, Gauffin rechazó las propuestas de privatizar completamente el transporte o devolver su administración a los municipios. “Lo que hay que hacer es administrarlo mucho mejor y transparentarlo definitivamente”, sostuvo. También remarcó que el transporte en Salta es una problemática metropolitana y advirtió que los municipios no cuentan con la capacidad necesaria para gestionar un sistema de estas características.
