Ivana Chañi
Una investigación federal derivó en nueve allanamientos en el departamento Anta por un presunto fraude en la tramitación de pensiones por invalidez.
Los procedimientos fueron realizados por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, por orden del Juzgado Federal de Garantías N° 2.
Según la investigación, la maniobra habría consistido en gestionar beneficios económicos para personas que no padecían las enfermedades declaradas.
Para eso, la organización habría utilizado estudios médicos apócrifos, certificados de discapacidad irregulares y radiografías duplicadas para simular casos de Chagas y problemas graves de columna.
Los allanamientos se realizaron en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, donde se secuestraron placas radiográficas de tórax y columna, además de estudios clínicos con resultados positivos de Chagas que serían copias de otros análisis.
La pesquisa apunta a una estructura que habría combinado profesionales de la salud, funcionarios y punteros políticos. Según la hipótesis fiscal, las pensiones fraudulentas se ofrecían a familias vulnerables a cambio de favores electorales.
La causa ya registra imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
