
Por incumplimientos, el Gobierno anuló beneficios fiscales y reclamará una deuda
Ivana Chañi
El Gobierno de Salta dejó sin efecto un contrato de promoción industrial firmado hace más de una década y avanzará en el recupero de fondos públicos.
La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 310, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
El decreto rescinde el contrato suscripto entre la Provincia y Gustavo Walter Romero, vinculado al proyecto denominado “Fábrica de Productos Plásticos”.
Según el texto oficial, el beneficiario había recibido exenciones en impuestos y certificados de crédito fiscal por $450.000, pero no acreditó el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
La Provincia instruyó a la Dirección General de Rentas a determinar y reclamar las sumas adeudadas, y habilitó la intervención de Fiscalía de Estado si no se concreta el pago correspondiente.



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