Agustina Tolaba
Por Aries, la diputada provincial Socorro Villamayor defendió las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados a la ley de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público y aseguró que la nueva normativa busca otorgar “mayor celeridad y transparencia” frente a denuncias graves contra jueces y fiscales.
La iniciativa establece que el Jurado de Enjuiciamiento podrá aplicar medidas cautelares preventivas, como la suspensión de magistrados o funcionarios del Ministerio Público, antes de que se complete la etapa formal de admisibilidad del proceso.
Villamayor explicó que la provincia cuenta desde 2001 con una ley de Jury de Enjuiciamiento integrada por miembros de la Corte de Justicia, legisladores y representantes del Estado, encargados de analizar la conducta de magistrados y funcionarios denunciados por hechos delictivos.
Sin embargo, sostuvo que la experiencia acumulada durante los últimos años dejó en evidencia “una importante brecha” entre la presentación de una denuncia y la posibilidad de aplicar medidas preventivas.
“Hasta ahora la ley marcaba etapas procesales que impedían tomar medidas cautelares inmediatas”, señaló.
La legisladora indicó que, en distintos casos de alto impacto institucional, jueces y fiscales continuaron ejerciendo funciones mientras avanzaban los plazos procesales previos a la admisibilidad formal de las denuncias.
“Continuaban firmando resoluciones, atendiendo a las partes y ejerciendo autoridad dentro de su función”, afirmó.
Según explicó, con la reforma aprobada, el Jurado podrá actuar preventivamente cuando exista gravedad y verosimilitud en los hechos denunciados. “En ese período el juez ya no puede obstaculizar una investigación ni seguir interviniendo en decisiones jurisdiccionales”, remarcó.
Villamayor sostuvo que la modificación apunta especialmente a evitar situaciones donde funcionarios investigados continúen ocupando cargos sensibles mientras se sustancia el proceso disciplinario.
Finalmente, destacó que la iniciativa todavía debe completar su tratamiento legislativo luego de regresar al Senado provincial para su revisión final.
