Agustina Tolaba
La diputada provincial Socorro Villamayor respondió a los cuestionamientos de la Asociación Argentina de Fiscales sobre la reforma al Jurado de Enjuiciamiento y aseguró que las suspensiones preventivas previstas en el proyecto “no constituyen una sanción anticipada”.
Por Aries, la legisladora sostuvo que la medida apunta exclusivamente a acortar los tiempos de reacción institucional ante casos graves que involucren a magistrados o funcionarios del Ministerio Público. “Lo que se está planteando son medidas preventivas de suspensión bajo criterios estrictos y rigurosos”, afirmó.
Villamayor explicó que la reforma establece que las medidas cautelares solo podrán aplicarse de manera excepcional, teniendo en cuenta la gravedad y verosimilitud de los hechos denunciados.
Según indicó, el sistema actual permite que jueces o fiscales continúen ejerciendo funciones durante extensos períodos mientras se desarrolla la etapa previa a la admisibilidad formal del Jury. “El tramo desde la denuncia hasta ese momento es extensísimo, puede durar hasta seis meses”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que durante esos procesos se registraron maniobras dilatorias y situaciones que, según dijo, terminaron afectando investigaciones judiciales. “Se presentan chicanas judiciales, se obstaculiza y hasta se contribuye a que se escapen sicarios. Son realidades fácticas que se dieron”, expresó.
La diputada afirmó que con la nueva normativa los plazos para resolver una suspensión preventiva podrían reducirse a menos de dos meses.
Además, rechazó los planteos que consideran la suspensión preventiva como una presión o una sanción previa. “El magistrado seguirá cobrando y mantendrá protegido su trabajo. Si luego no se da la admisibilidad formal, vuelve a sus funciones”, remarcó.
Villamayor insistió en que la suspensión cautelar no implica una destitución ni una condena anticipada, sino una herramienta para evitar interferencias en causas sensibles.
Finalmente, defendió la necesidad de avanzar con la reforma a partir de antecedentes concretos registrados en la provincia. “Le pregunto a la comunidad de Orán y a los propios salteños si no era lógico que esas personas dejaran de firmar y tomar decisiones mientras eran investigadas”, concluyó.
