Un informe del juzgado federal reveló que el magistrado solicitó al Banco Nación los legajos completos de una lista específica de beneficiarios, entre los que figuran funcionarios como Federico Furiase y Felipe Núñez, y legisladores como Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Sharif Menem. La investigación busca determinar si estos créditos, destinados originalmente a la vivienda única, fueron otorgados a personas que ya poseían bienes inmuebles declarados, lo que constituiría una violación directa a las normativas vigentes de la entidad crediticia.
Además de los expedientes individuales, el Banco Nación deberá detallar la cantidad nominal de créditos otorgados a empleados públicos y funcionarios desde el inicio de la gestión de Daniel Tillard. El juez Lijo también requirió a la Jefatura de Gabinete y a la Cámara de Diputados datos precisos sobre los roles y salarios de los involucrados. Según el dictamen fiscal, la pesquisa se apoya en datos de la Central de Deudores del BCRA, que muestran deudas millonarias contraídas por estos funcionarios en un contexto donde el acceso al crédito hipotecario para el ciudadano común sigue siendo restringido.
El proceso judicial apunta a establecer si hubo una "inobservancia de la normativa financiera" para favorecer a figuras del Gobierno en detrimento de las arcas del Banco Nación. Con el auxilio de la Auditoría General de la Nación, la Justicia buscará confirmar si estos préstamos contaron con tasas, montos o plazos diferenciales que no están disponibles para el público general. La resolución del juez marca el inicio de una etapa clave para determinar responsabilidades penales sobre el manejo de los recursos de la principal banca pública del país.
Con información de Infobae
