Se cumplió la forma pero alcanzar el objetivo de fondo obligará a transitar un camino áspero para no alterar la paz social.
Este jueves, el Ejecutivo reabrió formalmente las paritarias correspondientes a 2026, como si el contexto no estuviese alterado significativamente. El mínimo avance de la administración de los gobiernos exige resolver dificultades, consecuentes con un marco económico caracterizado por la caída del consumo, el cierre de empresas y el deterioro del empleo. La recesión resintió severamente la recaudación, a lo que se sumó la merma en la remesa de fondos nacionales.
La mesa se tendió y se sentaron los ministros de Economía y Servicios Públicos, Educación y Salud y representantes de gremios de las distintas ramas de la administración del Estado. El propósito declarado fue discutir salarios y condiciones laborales, como sucede cada año desde hace casi una década.Se repitió la práctica de presentar un panorama general de las finanzas públicas y el informe se hizo extensivo a la situación de las empresas, que son dadoras de trabajo pero, especialmente, contribuyentes al fisco.
Seguramente nadie se sorprendió con las referencias negativas expuestas por el titular de la cartera económica. La información oficial dio cuenta que se señaló ante un auditorio demandante por sus propias tribulaciones, que Salta recibe casi un 7% menos de ingresos nacionales y registra una pérdida equivalente de su poder de compra. En los últimos dos años, la Provincia dejó de percibir 700 mil millones de pesos, impidiendo contar hoy con cerca de un billón de pesos adicionales por año.
Como si ese recorte en el flujo de recursos no fuese suficiente hubo que sostener una dura resistencia a la pretensión de una nueva poda a través de la reforma laboral. Se iba a producir si prosperaba la baja de tres puntos en la alícuota del Impuesto a las Ganancias a las grandes empresas, que se retiró del proyecto que el miércoles aprobó el Senado, a cambio de apoyar el resto de los cambios que constituyen la modernización propuesta por la administración libertaria. El impacto que iba a producir en las cuentas públicas iba a alcanzar una cifra superior a 81 mil millones de pesos.
Para darle mayor cuerpo al perjuicio que la política económica nacional está produciendo , los funcionarios provinciales usaron otros datos. Salta perdió 317 pequeñas y medianas empresas con la gestión de Javier Milei, entre las más de 18.500 que cerraron en el mismo período en todo el país. Los indicadores laborales dan cuenta que siete de cada diez personas presentan problemas de empleo, mientras que la pérdida de puestos de trabajo es la más significativa desde la pandemia.
Dentro de ese ese panorama es que los dirigentes gremiales expusieron lo propio, partiendo fundamentalmente de que en 2025, el Gobierno provincial otorgó un aumento del 23% a los estatales, mientras que la inflación anual fue del 31,5%. Y no se detiene, sigue su línea ascendente y creció casi tres puntos en enero.
Lejos de amilanarse, los convocados fueron desgranando sus respectivos petitorios, que incluyen ajustes trimestrales y no dos veces al año, como se pretendió establecer dada la prédica del oficialismo nacional respecto de tener el IPC bajo control. Ahora se trata de frenar la profundización de la pérdida salarial.
Ni los mensajes exitistas que se escuchan del mandatario provincial ni los lamentos de su gabinete convencieron a la línea gremial de abandonar sus reclamos, especialmente luego de escuchar que las decisiones de orden salarial no deberán afectar la defensa del servicio público, la distribución equitativa de los recursos y el sostenimiento del funcionamiento del Estado en un escenario adverso, como se señaló en la paritaria. En tanto, se va desmantelando la estructura que sirve a la lucha gremial, que no es una adversidad menor.
Salta 13 de febrero de 2026.
