Victoria López Núñez
Una grave crisis financiera y política sacude a Paraguay después de que el Banco Central dispusiera la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor crecimiento del país, tras detectar problemas de solvencia que comprometían su funcionamiento.
La decisión, anunciada este martes 3 de noviembre, afectó a una entidad que cuenta con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administra cientos de millones de dólares pertenecientes a organismos públicos.
El Banco Central del Paraguay informó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido, como consecuencia de ajustes realizados en sus estados financieros.
La medida busca proteger los depósitos y evitar que los problemas del banco se extiendan al resto del sistema financiero.
Sin embargo, la intervención provocó incertidumbre entre los ahorristas, con clientes que acudieron a las sucursales para intentar recuperar su dinero.
Uno de los aspectos más delicados del caso es la presencia de aproximadamente US$850 millones de recursos públicos depositados en Ueno Bank, incluidos fondos vinculados al sistema de jubilaciones y salud.
La entidad pertenece al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial con el que Santiago Peña mantuvo vínculos comerciales hasta marzo de 2025.
Estas relaciones quedaron bajo cuestionamiento político tras conocerse los problemas financieros del banco y las advertencias regulatorias sobre operaciones de crédito con empresas vinculadas a sus propietarios.
La crisis provocó la renuncia de Carlos Carvallo, presidente del Banco Central paraguayo, a pedido del mandatario.
Carvallo había dirigido anteriormente Ueno Bank, circunstancia que profundizó los cuestionamientos sobre la supervisión de la entidad.
Además, la Fiscalía abrió una investigación penal contra directivos del banco por presuntas irregularidades financieras. Según informó EFE, siete directivos fueron detenidos en el marco de las actuaciones judiciales.
El escándalo también llegó al Congreso paraguayo, donde sectores opositores reclamaron un juicio político contra el presidente.
Peña pidió investigar las responsabilidades y respaldó medidas legislativas para acelerar la devolución de depósitos y proteger los recursos públicos comprometidos.
Mientras tanto, el Banco Central aseguró que se trata de un problema particular de Ueno Bank y no de una crisis generalizada del sistema financiero.
Los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, aunque persisten interrogantes sobre los plazos de recuperación del dinero y los fondos que superan ese límite.
La investigación judicial, la protección de los ahorros y las eventuales responsabilidades políticas serán determinantes para establecer el alcance de una crisis que ya golpeó al Gobierno de Santiago Peña.
