Alternancia

En ese plano juegan cuestiones como la alternancia en el poder, que constituye uno de los pilares fundamentales del sistema republicano y democrático. No es un elemento de atención circunstancial con vistas a la renovación de autoridades, sino una condición fundamental para poner límites a la concentración de prerrogativas y la personalización de las estructuras estatales. 

La Constitución Nacional, en su primer artículo adopta la forma representativa republicana federal para el gobierno y así lo repite la Carta Magna Provincial. Sus características imponen la elección popular a través del sufragio, por mandatos de duración limitada. De allí que la repetición indefinida de mandatos desnaturaliza el espíritu constitucional, borra las fronteras institucionales entre el Estado y el gobernante de turno, debilita los controles cruzados y neutraliza el pluralismo político.

La experiencia institucional de Salta, desde que en su Constitución se habilitó la reelección, es un muestrario de los esfuerzos por eludir el límite de dos mandatos consecutivos para el Poder Ejecutivo. Fue producto de la reforma de 1998 y su promotor resultó su primer beneficiario pero también el que buscó romper el cerrojo para ejercer un tercer mandato. Desde entonces, solo tres gobernadores ejercieron en más de un cuarto de siglo. La última reforma constitucional, que apuntaba a fortalecer ese límite y extenderlo a otros cargos electivos, como el de intendentes y legisladores y también sumaba a los jueces fijando un límite de edad, es la que está siendo sometida a interpretaciones.

En este proceso, la Justicia juega un rol fundamental. En ese ámbito se van acumulando antecedentes que legalizan la pretensión del actual gobernador a un tercer mandato. Fundamentalmente se remiten al principio de no retroactividad, que de alguna manera fue considerado por la última convención cuando no aplicó una claúsula transitoria que establezca para las autoridades en ejercicio en 2021, que el vigente era su primer mandato.

Pese a que se trata de una cuestión que tendrá resolución judicial para el caso que se concrete la postulación y se formalicen reparos, el tema está impactando en el oficialismo. En el proceso de construcción de las alianzas electorales se desata una fuerte dinámica de compulsa entre sectores y referentes que se esfuerzan por colocarse en posiciones lo más cercanas posibles a quienes ejercen su liderazgo. En ese plano, la figura de Gustavo Sáenz es indiscutible.

Su presencia y el lugar que ocupará en definitiva en las elecciones de 2027 es un elemento ordenador dentro de la estructura que se pone bajo su conducción. No es su tarea más compleja pero se suma a la principal que está encarando en este tiempo, que es la de evitar que un control estricto de constitucionalidad lo deje fuera de juego.

La dirigencia política está atenta a los movimientos del gobernador y ello atañe a oficialistas y opositores. La incertidumbre que puede generar es consecuencia de lo que los especialistas observan como una anomalía de la arquitectura institucional argentina, tanto a nivel nacional como provincial. La relación entre los poderes lleva a un diseño de contrapesos frágil, donde los órganos encargados del control de constitucionalidad operan condicionados por los mismos círculos de poder que deben fiscalizar.

Si bien se manifiestan en tiempo de elecciones, el peso de estos planteos no promueven un debate profundo porque puede resultar condicionado por el interés inmediato de acceder o permanecer en espacios que se alcanzan a través del sufragio. Se prioriza lograr el acompañamiento de la voluntad popular.

Salta, 05 de noviembre de 2026