El diputado provincial (MC) Juan Esteban Romero reclamó mecanismos claros y organismos idóneos para aplicar los controles y evitó que la iniciativa se convierta en un “discurso vacío”.
Política04/02/2026
Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el diputado provincial (MC) Juan Esteban Romero celebró el decreto del gobernador Gustavo Sáenz que establece la implementación del narcotest obligatorio para funcionarios públicos y consideró que la medida envía “un mensaje fuerte” en la lucha contra las adicciones y el narcotráfico, aunque advirtió que debe aplicarse con total transparencia para no perder su espíritu original.
Romero sostuvo que el objetivo central de la iniciativa es que “no puede haber ningún funcionario, legislador, juez o policía dentro del Estado que tenga vínculos con las adicciones o con el narcotráfico”, y remarcó que desde la política se debe dar el ejemplo. “No se le puede pedir a las fuerzas de seguridad que peleen contra el narcotráfico ni a la Justicia que avance con las causas, si dentro de la política no damos señales claras de que también estamos haciendo algo”, afirmó.
En ese sentido, señaló que el narcotráfico intenta infiltrarse en todas las capas sociales e instituciones y recordó antecedentes de jueces condenados e intendentes destituidos. “Desde la política no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que dar un mensaje y creo que el mensaje es muy fuerte”, expresó.
El exlegislador destacó que el decreto alcanza al Poder Ejecutivo —desde el gobernador hasta los directores—, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, así como a intendentes y concejales, quienes deberán someterse obligatoriamente a exámenes toxicológicos anuales y aleatorios. “El mensaje es claro: no hay lugar para funcionarios públicos que tengan vínculos con la droga”, subrayó.
No obstante, Romero advirtió que la medida no debe transformarse en un “discurso vacío” y reclamó que su implementación sea prolija y transparente. En ese marco, planteó la necesidad de un órgano de control idóneo y de mecanismos claros para los sorteos, como ocurre en otras provincias donde intervienen organismos externos. “Esto no está pensado para perseguir a nadie, sino para fortalecer las instituciones y respaldar a los funcionarios que hacen bien las cosas”, explicó.
Finalmente, cuestionó a la Legislatura por no haber tratado el proyecto cuando fue presentado. “Estuvo un año cajoneado, no quisieron debatirlo. Hoy muchos de los que estaban en contra aplauden el decreto”, afirmó, y consideró que a la política “le cuesta controlarse a sí misma”. En ese sentido, sostuvo que quienes no tengan nada que ocultar “no deberían negarse” a realizarse los estudios y recordó que él mismo se sometió a distintos análisis al presentar la iniciativa.
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