El Gobierno lanzó un programa federal para fortalecer la atención en la primera infancia

El Gobierno creó el Programa Federal de Primera Instancia, que estará a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 631/2025.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la Resolución 631/2025 en el Boletín Oficial. En ella, detallaron que el objetivo central de este programa es mejorar el acceso de la población más vulnerable a servicios de primera infancia, y elevar la calidad de la atención, del cuidado y la crianza de niños desde el embarazo hasta los cuarenta y ocho meses, articulando intervenciones conjuntas entre la Nación, las Provincias, y los entornos institucionales (Centros de Desarrollo Infantil) y familiares. A su vez, busca promover el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y fortalecer el capital humano de las nuevas generaciones, garantizando el desarrollo integral desde los primeros años de vida de niños.

Por esto mismo, el programa se centrará en fortalecer la institucionalidad nacional y provincial en políticas de primera infancia; mejorar la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil a través de estándares comunes, capacitación y monitoreo; ampliar las estrategias de acompañamiento familiar territorial; generar sistemas de información integrados que orienten la toma de decisiones; e implementar esquemas de financiamiento basados en resultados y cumplimiento de objetivos.

Entre sus argumentos, señalaron que Gobierno nacional considera que la inversión en la primera infancia, como una acción estratégica y de alto impacto para el desarrollo humano y el progreso social y económico del país, dado que constituye una etapa crítica en la que los niños experimentan un crecimiento acelerado en su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social.

Para eso, destacaron de vital importancia contar con instrumentos programáticos que permitan, de manera coordinada y coherente, implementar una política destinada a la protección y aumento de la calidad de los servicios de primera infancia conforme a los roles y funciones asignados a cada nivel de Gobierno. Todo esto se llevará a cabo en virtud del diagnóstico inicial que cada provincia realice respecto al funcionamiento y necesidades de mejora del sistema.

Frente a esto, establecieron que la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, como organismo especializado en los derechos de niñez y adolescencia, será quien fiscalizará la correcta aplicación de este programa, mientras que las provincias tendrán a su cargo la implementación de la política pública.

Alerta por el sarampión en la región: “La vigilancia epidemiológica es fundamental”

En ese sentido, destacaron que el Gobierno local se encuentra en mejores condiciones de asistir a los niños y las familias de su comunidad, y que su actuación resulta más efectiva y eficiente, dado que cuenta con mayores capacidades operativas y de diagnóstico en su territorio.

“Tendrán plena responsabilidad de la implementación en el territorio, el contrato de los profesionales, sus traslados y demás aspectos operativos. El pago de este componente será en función de la cantidad de familias efectivamente acompañadas y registradas en el Sistema”, aclaran las bases del programa.

Para eso, “la Nación acordará con la provincia, mediante un convenio marco, un monto total de cápitas o vouchers mensuales disponibles a transferir, así como un máximo de familias a acompañar”.

A su vez, la ayuda será enviada de manera proporcional a los índices de pobreza infantil de cada provincia, priorizando a aquellas que presenten números más que preocupantes. “Los departamentos priorizados son aquellos con un valor de IPI igual o superior a 7, representando el 40% de los departamentos con mayor vulnerabilidad a nivel nacional.

”A fin de garantizar el carácter federal del Programa, se establece que todas las provincias contarán con al menos el 10% de sus departamentos incluidos”, explicaron. Sin embargo, mencionaron que: “Si una provincia no alcanza con el porcentaje de departamentos que cumplan con ese criterio de IPI mayor o igual que 7, se incorporarán los que le siguen en nivel de vulneración hasta completar el umbral mínimo”.

Con información de Infobae