Un grupo de diputados encabezados por Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de declaración en la Cámara baja para repudiar la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la subasta del predio donde funciona desde 1913 el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en pleno Palermo. Señalan que el procedimiento es inconstitucional, opaco y carente de fines públicos claros.
La resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fijó para el 6 de octubre la subasta de un inmueble de 42.044 metros cuadrados ubicado en avenida Cerviño y avenida Bullrich, hoy afectado al regimiento y dentro del conjunto urbano declarado Monumento Histórico Nacional. El valor base establecido fue de 81,7 millones de dólares.
El proyecto, acompañado por Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez, Sergio Palazzo, Juan Brügge y Mónica Fein, sostiene que la enajenación de bienes nacionales solo puede autorizarse por ley del Congreso, de acuerdo con el artículo 75 inciso 5 de la Constitución. Por lo tanto, acusan al Gobierno de avanzar de manera unilateral en una decisión que debería pasar por un debate parlamentario.
Los legisladores cuestionan además la falta de transparencia del proceso administrativo: remarcan que no se convocó a instancias participativas ni se difundieron estudios de impacto urbano, y advierten que el precio de base fijado “no se corresponde con el valor real de mercado”. En los fundamentos señalan que incluso el plano de mensura está pendiente de protocolización, lo que vuelve más irregular la operación.
Otro punto fuerte de la crítica apunta al carácter simbólico e histórico del predio. Allí se encuentra, entre otros edificios, el Pabellón del Centenario de 1910. “No se trata únicamente de evitar un perjuicio económico, sino de proteger la identidad y la memoria colectiva”, plantearon los autores, que calificaron la decisión como un intento de “liquidar la Patria”.
Pichetto y los firmantes remarcaron que el Estado “cuenta con múltiples herramientas para afrontar dificultades económicas”, sin necesidad de desprenderse de inmuebles de esta magnitud e importancia. Por eso pidieron a sus pares el acompañamiento del proyecto, con el objetivo de frenar la subasta y forzar la intervención del Congreso en una decisión que consideran de “altísima sensibilidad institucional y social”.
Con información de Parlamentario
