Iván Luis
La resolución, adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratifica el avance sobre la ejecución patrimonial derivada de la condena dictada en el expediente, cuyo monto actualizado asciende a los 684.990 millones de pesos.
Los recurrentes habían solicitado la suspensión de las medidas cautelares y del trámite de decomiso hasta que el máximo tribunal se expidiera sobre una queja pendiente, argumentando supuestas afectaciones al derecho de propiedad, a la defensa en juicio y a la garantía de igualdad ante la ley, además de cuestionar el avance sobre el patrimonio de personas no condenadas y la intervención limitada de las sociedades sobre sus trece inmuebles embargados.
Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó los argumentos al considerar que las resoluciones cuestionadas del tribunal oral no constituían un fallo definitivo ni generaban un perjuicio irreparable que justificara la habilitación de la instancia federal extraordinaria.
Asimismo, los magistrados recalcaron que los planteos carecían de la demostración de una relación directa entre las garantías constitucionales invocadas y lo resuelto, descartando la existencia de gravedad institucional en esta etapa procesal.
(Con información de TN)
