Andis: la DATIP concluyó que los audios de Spagnuolo no fueron alterados con IA

El avance de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un giro clave luego de que los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATIP) concluyeran que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo presentan las “características habituales de la producción vocal humana”.

El estudio técnico refuta categóricamente los intentos del oficialismo por instalar que los audios difundidos —en los que se mencionaba un presunto esquema de retornos del 3% para Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem— habían sido fabricados mediante herramientas de inteligencia artificial o manipulación sintética.

El peritaje oficial expuso además fuertes tensiones institucionales y metodológicas al revelar las trabas impuestas por la Gendarmería Nacional, fuerza dependiente del Ejecutivo que estuvo a cargo de la primera etapa del estudio a pedido del propio Spagnuolo.

Según detalló el anexo elaborado por los peritos de la DATIP, la fuerza de seguridad obstaculizó la labor pericial al negarse a realizar el cotejo directo de la voz del exfuncionario bajo supuestas limitaciones técnicas, modificar de manera repentina sus criterios sobre la viabilidad de los archivos analizados e impedir que los especialistas dejaran asentada su disidencia en el dictamen final.

Lejos de confirmar la teoría de la falsedad impulsada desde la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia semanas atrás, el documento remitido a la fiscalía a cargo de Franco Picardi se limitó a señalar que el organismo castrense no pudo afirmar ni descartar la identidad de la voz debido a la falta de colaboración en la toma de muestras.

Asimismo, el informe técnico descartó cualquier irregularidad en la cadena de custodia de las grabaciones, reduciendo las intervenciones observadas en los archivos a simples cortes destinados a preservar la identidad de interlocutores secundarios.

La revelación de este peritaje deja al Gobierno en una posición sumamente delicada frente al avance judicial impulsado en los tribunales federales. Mientras la administración libertaria intenta contener el impacto político de una investigación que roza a figuras de máxima confianza del entorno presidencial, el expediente judicial ratifica la autenticidad de los registros sonoros que originaron el escándalo en torno al manejo de los fondos públicos de la discapacidad.

(Con información de Página12)