Agustina Tolaba
El Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen aprobó el pasado 19 de junio una resolución impulsada por cuatro ediles —Gabriela del Castaño, Villalba, Caro y Romero— en la que se rechaza el ejercicio financiero 2024 y se solicita formalmente una auditoría contable y legal ante sospechas de graves irregularidades en la administración municipal.
Según explicó por Aries, la concejal Gabriela del Castaño, el presupuesto municipal de 2.400 millones de pesos no tuvo un correlato visible en la gestión: “La intendenta informó gastos por 300 millones en arreglos de calles, alumbrado y conservación de edificios municipales, pero la realidad es que los reclamos por calles en mal estado, falta de recolección de residuos y alumbrado deficiente son constantes”.
La denuncia, presentada por del Castaño en la Fiscalía N°3 de la ciudad de Orán el 13 de mayo, señala además que el Ejecutivo local continuó funcionando con el presupuesto de 2022 sin pedir autorización al Concejo para gastos fuera de ese marco, como lo establece la carta orgánica municipal.
“La intendenta debió pedir autorización al Concejo para ejecutar gastos no contemplados, cosa que no hizo ni en 2024 ni en lo que va de 2025. Además, todos los informes trimestrales y el ejercicio vencido fueron presentados fuera de término”, agregó la edil.
Desde el Concejo también cuestionaron que, ante los reiterados pedidos de información sobre proveedores, servicios contratados y montos, desde el Ejecutivo se limitaban a responder que solo debían rendir cuentas ante la Auditoría General de la Provincia, negando información a los concejales.
“El objetivo de esta denuncia no es que nosotros determinemos si hubo o no delito, sino que lo haga la Auditoría. Nuestra obligación es dar intervención a los organismos de control para que se investigue”, concluyó del Castaño.
