La diputada Laura Cartuccia denunció penalmente al interventor del IPS, Emilio Savoy, y la extitular del Instituto Provincial de Salud.
Judiciales10/06/2025
Ivana Chañi
La diputada provincial Laura Cartuccia, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta, presentó una denuncia penal contra el interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), Emilio Savoy, y la ex titular Gladys Sánchez. La presentación se realizó ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública y se basa en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En diálogo con Aries, Cartuccia señaló una serie de irregularidades en la gestión del interventor del organismo, entre ellas la designación de Sánchez en cargos de conducción, a pesar de haber integrado el anterior directorio del IPS. “Esta conducta reiterativa y permanente de nombrarla en distintos lugares dentro de la obra social motivó esta denuncia”, afirmó. Ambas designaciones fueron luego anuladas por el propio Savoy, pero la diputada sostiene que estas acciones van en contra del mandato de auditoría y reestructuración institucional.
La legisladora también cuestionó la falta de información y documentación oficial sobre el estado financiero del IPS. “Tenemos muy poca precisión con respecto a esta deuda. El interventor habla sin números, un contador sin números”, criticó. Y agregó: “Lo que más me preocupa es lo que calla, porque entiendo que callando está ocultando o protegiendo a alguien”.
Además, Cartuccia denunció contratos millonarios con empresas tercerizadas, sin resultados comprobables. “Brindar cobra 138 millones para hacer la facturación del IPS y no la hace. Traditum cobra 98 millones mensuales para digitalizar el sistema, pero lleva 52 cuotas pagas de 62, y no tiene acceso al sistema ni puede modificar nada”, explicó. Según indicó, Traditum ni siquiera tiene oficinas propias en Salta y opera desde el propio IPS, donde solo accede a una pantalla reflejo del sistema.
Para Cartuccia, la gravedad se incrementa al conocer que el sistema informático de la obra social es mantenido por una persona externa sin relación contractual formal, quien posee las claves de acceso. “Si esa persona decide apretar una tecla, no existe más el sistema del IPS”, advirtió.
La denuncia solicita que se investigue si las acciones de Savoy configuran delitos tipificados en el artículo 248 del Código Penal, y propone solicitar documentación oficial y convocar al funcionario a declarar. “Espero que la Justicia actúe con la celeridad suficiente y necesaria en estos casos”, concluyó Cartuccia.
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