Oportunidad

Se había previsto una recepción con gran despliegue, teniendo en cuenta la disposición de los gobiernos nacional y provincial de realizar una tarea conjunta para combatir una de las amenazas más peligrosas que se ciernen sobre la población. La ampliación del Plan Güemes, desplegado en la zona de Aguas Blancas, cuenta con el entusiasta apoyo del Gobierno de la Provincia, cuyo titular la exhibió como los pasos firmes que se están dando para “defender la frontera y cuidar a los salteños”. 

Se había organizado el acto de hoy en Tartagal con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petrí. Iba a ser una de las actividades relevantes de la campaña electoral del oficialismo y si bien no se dieron las razones de la suspensión se la vincula a las críticas y advertencias que desde distintos sectores se están formulando contra el diseño de una estrategia que, en definitiva, significa la intervención de fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior, violando la normativa vigente al respecto.

En agosto del año pasado, el gobierno de la Libertad Avanza presentó un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, incluso en "tiempos de paz". La pretensión generó una inmediata controversia y voces autorizadas se levantaron para criticar la posibilidad que sean utilizadas en tareas que no son de su competencia.

Quienes accedieron al texto del proyecto alertaron por un contenido que contradecía el acuerdo político alcanzado en el Congreso de la Nación y sostenido en cuanto debate apuntó a dividir las aguas respecto del área de responsabilidad de las fuerzas armadas y la de seguridad. La naturaleza de la reforma que se proponía movilizó de inmediato a los legisladores y en la cámara de origen, la Comisión de Defensa abrió el tema a la consulta de especialistas. Por ese ámbito desfilaron militares, ex ministros y académicos. En todos los casos se expusieron reparos y quedó vigente una actitud vigilante, aún cuando los promotores de la iniciativa exhortaron a tomar el proyecto sin una mirada sesgada. “Hoy necesitamos Fuerzas Armadas que protejan a los argentinos de las nuevas amenazas”, sostuvo el ministro Petrí.

La falta de apoyo y la advertencia sobre el rasgo inconstitucional de la intención, congeló el proyecto en el Congreso. El obstáculo fue salvado por el Poder Ejecutivo con decretos que permiten que los cuerpos militares, bajo determinados supuestos, puedan realizar patrullaje; control de personas y vehículos; operaciones de control en puestos fijos o móviles; control y vigilancia de instalaciones inmuebles, y aprehensión en flagrancia. Si bien se determinan condiciones, habilita que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros y hasta puedan detener personas con la excusa de que actúan para evitar amenazas o repeler hechos considerados terroristas, colocando en esa categoría al narcotráfico. Además, incluye normas secretas que no se consideran compatibles con las tareas de control ciudadano.

El despliegue militar en la frontera norte es visible para los lugareños, afirman los relatos locales. Fuentes diplomáticas, en tanto, hacen referencia a la preocupación del gobierno paraguayo por el uso del Ejército como policía fronteriza. La militarización de un área territorial estratégica solo agravará el problema de su vulnerabilidad. Es lo que advirtió a través de Aries el ex ministro de Seguridad del gobierno de Gustavo Sáenz. 

A punto de abrir las urnas y con un cúmulo de dificultades cotidianas sin resolver, es un tema que merece una mejor oportunidad.

Salta, 06 de mayo de 2025