
Con escasa información sobre la actual situación de la principal obra social de la Provincia, se conoció la intención del Ejecutivo de producir cambios que de inmediato fueron rechazados por representantes de la masa de afiliados.
Tropas militares siguen llegando al territorio salteño. Lo hacen en el marco del Operativo Julio Argentino Roca, cuyo objetivo es el de reforzar la frontera ante el avance del narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales.
Opinión06/05/2025Se había previsto una recepción con gran despliegue, teniendo en cuenta la disposición de los gobiernos nacional y provincial de realizar una tarea conjunta para combatir una de las amenazas más peligrosas que se ciernen sobre la población. La ampliación del Plan Güemes, desplegado en la zona de Aguas Blancas, cuenta con el entusiasta apoyo del Gobierno de la Provincia, cuyo titular la exhibió como los pasos firmes que se están dando para “defender la frontera y cuidar a los salteños”.
Se había organizado el acto de hoy en Tartagal con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petrí. Iba a ser una de las actividades relevantes de la campaña electoral del oficialismo y si bien no se dieron las razones de la suspensión se la vincula a las críticas y advertencias que desde distintos sectores se están formulando contra el diseño de una estrategia que, en definitiva, significa la intervención de fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior, violando la normativa vigente al respecto.
En agosto del año pasado, el gobierno de la Libertad Avanza presentó un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, incluso en "tiempos de paz". La pretensión generó una inmediata controversia y voces autorizadas se levantaron para criticar la posibilidad que sean utilizadas en tareas que no son de su competencia.
Quienes accedieron al texto del proyecto alertaron por un contenido que contradecía el acuerdo político alcanzado en el Congreso de la Nación y sostenido en cuanto debate apuntó a dividir las aguas respecto del área de responsabilidad de las fuerzas armadas y la de seguridad. La naturaleza de la reforma que se proponía movilizó de inmediato a los legisladores y en la cámara de origen, la Comisión de Defensa abrió el tema a la consulta de especialistas. Por ese ámbito desfilaron militares, ex ministros y académicos. En todos los casos se expusieron reparos y quedó vigente una actitud vigilante, aún cuando los promotores de la iniciativa exhortaron a tomar el proyecto sin una mirada sesgada. “Hoy necesitamos Fuerzas Armadas que protejan a los argentinos de las nuevas amenazas”, sostuvo el ministro Petrí.
La falta de apoyo y la advertencia sobre el rasgo inconstitucional de la intención, congeló el proyecto en el Congreso. El obstáculo fue salvado por el Poder Ejecutivo con decretos que permiten que los cuerpos militares, bajo determinados supuestos, puedan realizar patrullaje; control de personas y vehículos; operaciones de control en puestos fijos o móviles; control y vigilancia de instalaciones inmuebles, y aprehensión en flagrancia. Si bien se determinan condiciones, habilita que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros y hasta puedan detener personas con la excusa de que actúan para evitar amenazas o repeler hechos considerados terroristas, colocando en esa categoría al narcotráfico. Además, incluye normas secretas que no se consideran compatibles con las tareas de control ciudadano.
El despliegue militar en la frontera norte es visible para los lugareños, afirman los relatos locales. Fuentes diplomáticas, en tanto, hacen referencia a la preocupación del gobierno paraguayo por el uso del Ejército como policía fronteriza. La militarización de un área territorial estratégica solo agravará el problema de su vulnerabilidad. Es lo que advirtió a través de Aries el ex ministro de Seguridad del gobierno de Gustavo Sáenz.
A punto de abrir las urnas y con un cúmulo de dificultades cotidianas sin resolver, es un tema que merece una mejor oportunidad.
Salta, 06 de mayo de 2025
Con escasa información sobre la actual situación de la principal obra social de la Provincia, se conoció la intención del Ejecutivo de producir cambios que de inmediato fueron rechazados por representantes de la masa de afiliados.
Tres decisiones del gobierno nacional impactaron en territorio sindical, enervando una estructura resistente a los cambios. Anticipan un clima de conflictividad que no frenará el ímpetu reformador, ante la inminencia de la caducidad de las facultades delegadas al Presidente de la Nación.
Uno de los perjuicios más importantes que generaron los modelos neoliberales implementados en nuestro país fue la profundización de las desigualdades entre el interior del país y la zona núcleo.
Este criterio no es novedoso ni aislado, incluso el mismo Colegio de Abogados de Salta el año pasado, se pronunció en la misma línea al respaldar la continuidad de la Dra. Teresa Ovejero.
En pleno año electoral se debate sobre el sentido de las elecciones como elemento de expresión de la voluntad popular. La dirigencia se empeña en usar ese proceso institucional para tomar el poder e incorporarlo a su patrimonio personal. El resultado es el progresivo alejamiento ciudadano y la creciente judicialización de la política.
Cerrado el proceso electoral de reforma legislativa, los actuales legisladores se preparan para analizar importantes proyectos de ley. Se trata de modificar normas para promover mejoras que orienten el desarrollo provincial y promuevan la cantidad y calidad de fuentes de trabajo.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.
Después de la denuncia que también reveló un espúreo manejo de $90 millones de subsidios estatales por parte del Presidente de la Agencia Salta Deportes, otra profesora también lo acusó por amenazas y violencia institucional.
Minería, turismo, ingresos brutos a comercios, armonización y actualización del Código Fiscal, entre otras medidas.